La Ciudad de la Justicia de Elche acogerá el lunes el inicio del juicio oral contra la exedil del PP Margarita Maciá, y su esposo por el caso Integra-T. El fiscal solicita una pena de cinco años y medio de cárcel para Maciá por un supuesto delito de apropiación indebida y fraude a la Seguridad Social. Mientras, la asociación Integra-T, que se persona en la causa como acusación particular, pide seis años de cárcel por ese supuesto delito de apropiación indebida.

El escándalo del caso Integra-T saltó a la opinión pública en 2010, cuando la asociación denunció que su presidenta desde 2002, Margarita Maciá, había dado de alta en la entidad a su marido para que cotizara sin trabajar, y que falsificó la firma de la tesorera para cobrar cheques y pagarés, que debía ingresar la agrupación.

El Ministerio Fiscal trasladó el asunto hace unos meses al Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, solicitando la apertura del juicio oral, que está señalado para el próximo lunes.

La calificación fiscal considera que la exconcejal aprovechó su cargo de presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Límite y Ligera de Elche, Integra-T, para contratar a su esposo, Alfredo Sánchez, como oficial administrativo entre enero y septiembre de 2010, sin que éste trabajara en la entidad.

Por esta contratación, Integra-T abonó las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, por valor de 5.991,56 euros. Una decisión que, según la Fiscalía, Maciá adoptó sin tener el consentimiento del órgano estatutario de la entidad.

Por otro lado, el fiscal considera que Margarita Maciá pudo cobrar en mano 600 euros que una empresa debía a la asociación que presidía, y que se los quedó. Además, se apunta que Maciá podría haber llegado a falsificar la firma de la tesorera de Integra-T para cobrar, en la ventanilla de dos cajas de ahorro, seis cheques y pagarés que se valoran en más de 2.500 euros.

El Ministerio Público pide por estos hechos cinco años y medio de prisión para Margarita Maciá al considerarla autora de un delito continuado de apropiación indebida, y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa.

Para su marido, el fiscal pide una pena de año y medio de prisión, al considerarlo colaborador del delito que se va a juzgar. En este sentido, la calificación fiscal considera que Alfredo Sánchez accedió a la contratación, con conocimiento y acuerdo previo, sin realizar ningún tipo de trabajo para la asociación.

Por su parte, la acusación popular eleva la petición de pena para Margarita Maciá a un total de seis años de prisión, al considerar que durante el tiempo que fue presidenta cobró irregularmente un salario de 400 euros mensuales. Según indica la acusación particular, el cobro del salario fue legal entre 2002 y 2006, pero a partir de 2006 la entidad realizó una modificación de los estatutos, que prohibía que el presidente cobrara por sus funciones. Sin embargo, aseguran que Maciá siguió cobrando 400 euros mensuales, hasta que fue cesada de su cargo en noviembre de 2010. En la causa, Integra-T reclama a Maciá la devolución de algo más de 34.000 euros.

Por su parte, Margarita Maciá siempre se ha declarado inocente de los delitos que se le atribuyen.