Ángela Ruso tenía en 2010 una nómina de 50 euros al mes en una empresa de limpieza, una hipoteca de 46.000 euros por una casa modesta y dos hijos menores de 26 años sin ingresos, uno de ellos en prisión. Por esas circunstancias el Servef le concedió una prestación, la famosa ayuda familiar de 426 euros. Aunque la concesión fue de 30 meses, cada medio año debía irla renovando y advertir si cambiaba la situación familiar. Cuando el mayor de sus dos hijos superó la edad indicada y el menor consiguió una plaza en una escuela taller del Ayuntamiento de Santa Pola (por la que cobraba 493 euros netos) no recibió la carta que tenía que rellenar y devolver firmada. Fue a la oficina del paro y preguntó, pero le dijeron que seguía cumpliendo los requisitos, que no se preocupara por la carta que tenía que llegar cada seis meses porque a veces se retrasaba.
Pero llegó el mes en que lo que se retrasó fue el dinero, y en su cuenta no entró la ayuda. Preguntó de nuevo, le dijeron que ya no le tocaba, pero que cuando su hijo volviera a quedarse sin trabajo le volvería a corresponder la prestación. Esa situación llegó, y le volvieron a asignar la ayuda, pero sólo duró un mes. Cuando volvió a fallar el ingreso y volvió a preguntar, le dijeron poco menos que como ella había engañado a la administración y no había comunicado su cambio de circunstancias personales, el castigo era dejarla sin prestación y además devolver lo que había cobrado indebidamente. Así lo cuentan ella y su actual pareja, Armando Galán.
Como una verdadera losa le pesa esa ayuda más de seis años después, porque la deuda que inicialmente fue de unos 3.200 euros ha llegado a 4.000 con las sanciones y los intereses. Y no solo eso, sino que se la fraccionaron en mensualidades de 60 euros que tuvo que dejar de pagar porque no le llegaba, porque antes que eso estaban sus hijos, porque tenía un préstamo para una vivienda que tuvo que rehipotecar... En esa espiral en la que cada vez tenía más deudas y menos posibilidad de pagarlas, la administración le embargó la cuenta bancaria, y desde entonces cada euro que entra desaparece. Así que eso le ha valido recibos devueltos y más recargos.
Piedra sobre piedra, la pared contra la que se topaba Ángela Ruso en sus esfuerzos por salir de la situación de exclusión social ha ido haciéndose cada vez más alta, cada vez más difícil de escalar, y en este tiempo además de perder a un hijo no ha podido acceder a ninguna ayuda. Ese ha sido el castigo, en su opinión totalmente desproporcionado, porque ella nunca pretendió engañar al Servef ni quiso nada que no le correspondiera. Solo actuó siguiendo los pasos que le iban indicando los trabajadores de la oficina, asegura. Incluso el escrito que presentó pidiendo que le fraccionaran la devolución en cuotas de 20 euros casi se lo dictaron, dice.
Subsistir
En esas circunstancias, a nadie se le escapa que prácticamente quedara abocada a trabajar «en negro» para subsistir. Aceptar cualquier cosa que saliera; barrer una escalera, limpiar una casa... En el tiempo que ha trascurrido, apoyada por su pareja, tomó la determinación de interponer un recurso contencioso administrativo. Eso, después que él se reuniera con los dirigentes provinciales del servicio de empleo, y obtuviera una resolución de los servicio jurídicos que no le da la razón pero que al menos le ha dado pie a recurro.
El juicio será la semana que viene, y su determinación es llevar el caso hasta el final, aunque lo pierda. Y es que más allá de los argumentos jurídicos, de los plazos procesales y de los recursos y los documentos que corresponda aportar (de los que Ángela Ruso, asistida por un abogado de oficio, Luis Verdú Cano, no tiene ni idea), su caso tiene un tinte social. Su historia en primera persona habla de que, lo que tenía que ser una ayuda para salir adelante en un mal momento, se ha convertido en un auténtico lastre.
En los últimos meses ha empezado a remontar. A finales de 2015, La Caixa aplicó su código de buenas prácticas y le concedió una carencia de tres años y que al cuarto la letra sea algo más baja de la que pagaba antes. También le aprobaron un proyecto de viabilidad para una iniciativa empresarial y con un crédito ha puesto una tienda de ropa que lleva un mes abierta al público.
Amargo
Las ganas de salir adelante pueden, aunque le quede a Ángela una sensación muy amarga por el hecho de que la tomen por alguien que ha intentado engañar, casi estafar, a la administración. Muy al contrario, cree que según la Ley General de Seguridad Social la ayuda siempre le correspondió, que lo que es incorrecto es la denegación, pero aún en caso de que estuviera en un error, «siendo verdad que yo por desconocimiento me haya equivocado (y además, que yo llevé toda la documentación, y fueron los empleados los que decidían qué papeles se quedaban y qué papeles no) lo que veo es que por un fallo es mucho castigo y que ellos no asumen ninguna responsabilidad».
Armando Galán va más allá, y en virtud de las reuniones que tuvo con los responsables provinciales del Servef cree que puede haber cientos de personas en una situación parecida, lo cual le parece una soberana injusticia. Por eso, reclaman que levanten el embargo de su cuenta para que pueda hacer operaciones cotidianas, que le devuelvan el dinero, que le repongan sus derechos de acceder a prestaciones si es que le corresponden y que como mínimo se aplique la justicia material, para dejar sin efecto su sanción teniendo en cuenta que la consecuencia ha sido enorme en relación con el incumplimiento que le atribuyen. Al fin y al cabo, lo suyo tiene proporciones tan pequeñas que lo convierten en un David contra Goliat, cree ella, porque el que tiene 4.000 euros paga, y el que no, padece todo lo que le ha venido detrás.
