El 82% de las personas inscritas en unas oposiciones de informática para la Conselleria de Justicia se han visto excluidas de la convocatoria, por no tener la titulación necesaria para participar. Tienen titulación, e incluso la mayoría superior a la exigida, pero las bases sólo contemplan la aceptación de dos posibilidades de ciclos formativos de grado medio, y todo aquel que tiene estudios distintos (aunque sean grados superiores o titulaciones universitarias) no cumple los requisitos. Esa circunstancia ha dejado a 172 personas fuera de las oposiciones, manteniendo en la lista de admitidos sólo a 38 para aspirar a siete plazas de «cuerpo C1-02, subgrupo C1, sector administración especial, especialistas en sistemas y tecnología de la información» de acceso libre (que se convocaron el pasado mes de mayo y para las que aún hay plazo de subsanación de errores).
Entre quienes se han quedado fuera están numerosos interinos que llevan años trabajando en las sedes de Justicia, desempeñando tareas de mantenimiento informático o resolución de incidencias, en algunos casos desde hace más de una década. Por ello, desde que se publicaron las bases de la convocatoria se opusieron a ellas tanto particulares como el Colegio Oficial de Ingenieros de Informática de la Comunidad Valenciana, cuyo presidente solicitó en octubre a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, una reunión en la que exponerle que «empleados públicos interinos interesados en este proceso y con titulación de ingeniería técnica o ingeniería informática» no se pueden presentar al proceso y se encuentran excluidos «por sobrecualificación». Es decir, en opinión del colegio profesional, «se pretende excluir a titulados con un nivel de cualificación superior al mínimo exigido», en lugar de haber especificado una cualificación mínima (lo que considera «inadecuado» y «discriminatorio»).
A pesar de esa reunión, la lista de admitidos y excluidos que el pasado día 15 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana deja fuera a «la práctica totalidad de los interinos» con «titulaciones que eran totalmente válidas en el momento de acceder a las plazas que ocupamos», subrayan. Así, se lamentan de que «somos aptos para trabajar, pero no para opositar».
En este sentido, aseguran que en otros grupos como el de los operadores de telecomunicaciones se permite acceso con título de grado medio o de Bachiller, una opción que a los operadores informáticos no se les ha dado (y que cumplirían muchos de los excluidos). Del mismo modo, recuerdan que se vieron afectados agentes medioambientales o inspectores de pesca.
Ley de 2010
Esa revisión de los requisitos «a la baja» que marcó la Generalitat la atribuyen a la Ley de Función Pública de 2010 y supone, insisten, que muchos de los que en su día accedieron a un puesto de interinidad se vean abocados a perder su trabajo y se consideren «en clara desventaja con personas que por su juventud o situación personal hayan podido obtener una titulación de grado medio que es muy reciente».
Así, reclaman que ellos perderán el trabajo, y la administración a los candidatos con más experiencia y mayor cualificación.
Por todo ello, anuncian que tras recurrir las bases de las oposiciones sin éxito también interpondrán recursos contencioso-administrativos: «No tiene ningún sentido que la gente que lleva tiempo ocupando las plazas no pueda presentarse; accedimos a una bolsa de empleo por haber superado unas pruebas selectivas a las que nos pudimos presentar con una titulación válida antes, y en la mayoría de los casos superior a la que pedían y a la que piden ahora», añaden. «Nos tememos que cuando termine el proceso selectivo se constituya una bolsa de empleo asociada a la oposición última, y nos cesen sin haber tenido la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, ni siquiera de presentarnos».
