Pablo Vallejo y Ángeles Pamies volvían tan tranquilos de comprar en el supermercado y se encontraron de frente en la escalera de casa a la comisión judicial que les acababa de cambiar la cerradura. El matrimonio, de 61 y 62 años, vive de alquiler en el Sector V desde 2010 y poco antes había tramitado la adquisición de la vivienda con el banco, por lo que no entendía por qué se encontraba con un desahucio cuando no debía ni un duro a la entidad. Lo cuenta así su hija, Laura Vallejo, que estaba con ellos en el momento de la desagradable sorpresa -el pasado día 30 cerca de las 11 horas- y que asegura que los responsables del juzgado ni siquiera les dejaron entrar a casa a recoger la insulina de su padre, que tiene la salud delicada y que tuvo que pasar unas horas en observación ese día por la impresión del momento.
De inmediato, con las cerraduras cambiadas y sin poder acceder a sus efectos personales, iniciaron las averiguaciones en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche y en su oficina bancaria, donde les dijeron que efectivamente no debían nada, aunque inicialmente y según relatan pretendieron que firmaran un documento en el que reconocían dos meses de deuda por un importe total inferior a 900 euros. Al negarse a ello se encontraron con el problema sin resolver hasta el día siguiente y tuvieron que pasar una noche fuera de casa, aunque a la tarde siguiente, según su versión, les reconocieron que no tenían deuda alguna y que por ello ambas partes acordaban rehabilitar la vigencia del contrato y mantener inalterables sus condiciones.
La familia, pasado todo, se plantea presentar una denuncia en la que cuantificará los gastos ocasionados por el erróneo «desahucio» y los daños y perjuicios por los que tiene previsto reclamar una indemnización, puesto que sostiene que los responsables de la oficina les han reconocido que todo se debe a un error.
El Banco Sabadell, por su parte, defiende el proceso y sostiene que se había iniciado un procedimiento judicial por impago de rentas, pero el juzgado no consiguió notificar en persona al inquilino la comunicación de la vista y el lanzamiento, de modo que lo hizo por edictos. El bufete de abogados, continúa la entidad, solicitó el día 23 de noviembre que se aplazara el lanzamiento (previsto para el día 30) para conseguir finalizar el procedimiento y dar por rescindido el contrato, si bien entre los días 23 y 30 del pasado mes el inquilino «regulariza su situación saldando la deuda por impago de alquiler, pero el juzgado no atendió a la petición de aplazamiento del bufete y se llevó a cabo el lanzamiento». En cualquier caso, la entidad sostiene que «Banco Sabadell no hace desahucios» y que en este caso hubo impagos y reclamó el pago al juzgado porque no hubo posibilidad de comunicar en persona. Asimismo, defiende que se intentó aplazar el lanzamiento pero el juzgado no atendió la petición.
La familia insiste sin embargo en que no ha habido en ningún momento retrasos en el pago del alquiler.
