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Piden tres años de cárcel a un expresidente de Kelme

La acusación cree que Benjamín Clarí llevó a cabo un delito de administración desleal

Piden tres años de cárcel a un expresidente de Kelme

El expresidente del Consejo de Administración de Kelme Benjamín Clarí Oltra, quien desempeñó el cargo entre noviembre de 2006 y junio de 2008, se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por un presunto delito societario de administración desleal que habría cometido cuando ostentaba el máximo cargo de responsabilidad en la empresa, por negociar y firmar un contrato con condiciones altamente gravosas para la marca, que llevó a pagar cerca de 1,3 millones de euros a cambio de unas membranas para fabricación de calzado que apenas valían 100.000 euros, todo ello en plena crisis de supervivencia de la entidad. No sólo eso, sino que el Ministerio Fiscal considera que a través de una tercera empresa cuya propiedad compartía con el entonces director financiero de Kelme (imputado, pero ya fallecido) se beneficiaron económicamente de haber conseguido ese contrato ingresando 600.000 euros. Es decir, que por un lado habrían suscrito un trato perjudicial para Kelme siendo sus máximos responsables y por otro habrían cobrado de la empresa beneficiada por haber conseguido ese trato, algo que el acusado niega.

El juicio, que se prolongará a lo largo de varias jornadas y que ya ha comenzado con la declaración del acusado en el Juzgado de lo Penal 2 de Elche, tiene origen en una querella de la empresa New Millennium Sports, que al comprar en abril de 2008 la marca Kelme (hasta entonces explotada por Incadesa) denunció que el hasta entonces presidente había suscrito en marzo de 2007 un contrato con ALGI Sociedad Cooperativa por el cual esta empresa debía suministrarle a Incadesa en exclusiva mundial membranas transpirables e impermeables para el calzado. En ese contrato se establecía que Kelme debía pagarle a ALGI cada trimestre 300.000 euros aunque no solicitara las equivalentes 300.000 membranas.

Es decir, que Incadesa adquiría la obligación de pagar independientemente de que no pidiera el material. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Durante la vigencia del contrato, Kelme sólo pidió 49.953 membranas que valían 101.404,59 euros, pero pagó 1,3 millones.

Por su parte, Benjamín Clarí defendió en su declaración en instrucción y ante el juez que el contrato habría sido a la larga beneficioso para Kelme cuando el pedido de membranas superara los 300.000 euros, puesto que se habrían seguido suministrando pedidos superiores a ese precio. También argumentó que se trataba de un buen negocio porque la membrana representaba un gran adelanto tecnológico en el calzado, pero que no se podían solicitar y almacenar sin que se diseñara exactamente cómo debían adaptarse a cada modelo. En todo caso, sostuvo que el contrato habría sido asumible si se hubiera recibido, como estaba previsto, un fondo de capital de riesgo del Instituto Valenciano de Finanzas.

Instrucciones

Por contra, la querella sostiene que los socios de Kelme desconocían el contrato y que ni siquiera se dieron instrucciones a los jefes de diseño, producción o marketing para incorporar esa membrana a los modelos de calzado, de modo que difícilmente podían consumirse las 300.000 unidades pactadas (algo que el acusado contradice). Más aún, New Millennium Sports denunció que las membranas se cobraron al principio a un euro por par pero en posteriores facturas costaron 2,03 euros, sin que existiera motivo para el incremento, y que ALGI no tenía siquiera concedidas las patentes, por lo que la exclusiva mundial era cuestionable.

Según la querellante, el contrato no se mostró a los asesores jurídicos de la casa, ni se notificó al consejo de Administración ni a la Junta General, y no se conocieron los pormenores hasta marzo de 2008 cuando el Instituto Valenciano de Finanzas (que en aquella fecha era titular de los derechos políticos de Incadesa) pidió explicaciones. Durante la vigencia del contrato, la situación económica tenía a la Junta General de Incadesa planteándose la declaración de concurso voluntario de acreedores, con las nóminas de los trabajadores atrasadas y unas pérdidas de 24 millones de euros sólo en 2007.

En paralelo, ALGI habría pagado a Gonzalo y Clarí Consultores SL (de la que el expresidente y el exdirector financiero de Kelme eran propietarios al 98%) un total de 600.000 euros en 2007 y 2008 a cambio de haberle hecho ganar 1,2 millones de euros, y ello a pesar de que la consultora no tenía más trabajadores, más actividad, ni más ingresos y pese a que sus puestos en Incadesa les exigían «plena dedicación». Benjamín Clarí, por su parte, sostuvo que lo que la consultora cobró de ALGI no tenía relación con las membranas vendidas a Incadesa.

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