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La CHS multa a Riegos de Levante por derivar agua del trasvase a un embalse

El Canal dice que se ha puesto en peligro el Tajo-Segura para beneficiar a la SAT San Enrique - Urbina asegura que fue a petición de la Conselleria para testar la infraestructura y que la sanción está recurrida

Embalse de José Ramón García Antón. sergio ferrández

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha resuelto un expediente sancionador contra la Comunidad General Riegos de Levante a la que multa con 3.000 euros por una sanción calificada como leve por derivar agua del Segura a un embalse de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San Enrique, que está fuera del perímetro autorizado para ser regado con agua del trasvase Tajo-Segura y que fue construido para regular aguas del Júcar-Vinalopó. Según la resolución, contra la que cabe recurso contencioso-administrativo, se emplearon miles de m2 (sin cuantificar) en fines que no son los autorizados en la concesión de agua, por lo que acaba advirtiendo a Riegos de Levante de que, si se vuelven a incumplir las condiciones establecidas, además de incoarse nuevas actuaciones sancionadoras se procederá a «la revocación de la concesión».

La resolución de la CHS es de mediados de agosto y proviene de un expediente sancionador iniciado por el Comisario de Aguas en septiembre de 2014, al que se presentaron alegaciones que fueron desestimadas. En concreto, Riegos de Levante alegaba que hasta la llegada de agua del Júcar la Conselleria cedió el embalse de José Ramón García Antón para regular las aguas procedentes del Tajo-Segura, que ese uso fue expresamente autorizado por la CHS a partir de julio de 2014 y que además el agua no se usó para regar sino para poner a prueba la estanquidad del embalse y el buen estado del sistema de tuberías.

El expediente sancionador, sin embargo, estima que las alegaciones no desvirtuan el hecho de que no había autorización para usar el agua para otra cosa que no fuera riego, por lo que Riegos de Levante «está incumpliendo la autorización de la que es titular al estar destinando las aguas a un embalse que no se encuentra amparado por los usos del título concesional» y para una finalidad que no es el regadío. Además, la resolución dice que la Consellería recomendó -pero no requirió- comprobar la construcción del embalse y que se lo encomendó a la SAT San Enrique y no a Riegos de Levante, dos entidades que nada tienen que ver (más allá de que el presidente de la primera, Ángel Urbina, ha sido hasta ahora portavoz de la segunda). «Este tipo de infracciones daña muy considerablemente los recursos hídricos de la cuenca del Segura», dice la resolución, y supone un perjuicio para el interés general en contraposición a un«evidente beneficio económico del denunciado».

Contexto

La resolución se conoce a apenas dos días de las elecciones a la presidencia de Riegos de Levante (mañana a las 18.30 horas votan 56 compromisarios), a las que se presenta Urbina y también el presidente de El Canal, Javier Berenguer. Desde esa comunidad de base se manifestó ayer que «los actuales dirigentes de Riegos de Levante no sólo han cometido una infracción contra el interés general sino que se ha puesto en peligro la concesión del trasvase, que es absolutamente imprescindible para garantizar el agua de riego de nuestros cultivos ya que es la única fuente de agua de calidad con la que contamos». Berenguer destacó que la Junta de Gobierno y los comuneros no han sido informados por parte del equipo de actual presidente, Manuel Serrano, lo que demostraría «el oscurantismo de esta gestión que sin duda se verá perpetuada por Urbina, que necesariamente debía conocer los hechos al estar también la SAT San Enrique implicada». Lo más grave, añade, es que «han puesto en peligro el agua de todos; sin el trasvase Tajo-Segura se hundiría la agricultura de nuestra provincial, no podemos consentir que por intereses particulares y ajenos a nuestra cuenca se ponga en peligro nuestro futuro, nuestro esfuerzo se va a destinar a cambiar la forma de hacer las cosas, con rigor y transparencia».

Por su parte, Ángel Urbina (presidente de la SAT San Enrique, hasta hace una semana portavoz de Riegos de Levante y ahora candidato a presidente) aseguró ayer que se ha recurrido la propuesta de sanción, que simplemente la Generalitat pidió un pequeño caudal para probar el embalse de José Ramón García Antón y comprobar su mantenimiento y que se hizo «por el bien del campo de Elche» a la espera de poder recibir el agua del Júcar, con permiso y que hay documentos que lo prueban aportados en el recurso. Mientras tanto, señaló que el embalse en cuestión está ya lleno de agua del Júcar y de él está regando la zona alta el Vinalopó, volviendo a alertar de las consecuencias negativas de la desunión de los regantes en un contexto de sequía.

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