La Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche juzga a partir del lunes a cinco acusados de distribuir cocaína desde Elche a distintos municipios de la Vega Baja, entre ellos Guardamar del Segura, Daya Vieja o Rojales. Los acusados se enfrentan a penas que van de los cuatro años y medio a lo seis años de prisión y fueron detenidos en octubre de 2014 por parte del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Elche tras un periodo de investigación y seguimiento que culminó con seis detenciones. Según cree el fiscal en sus conclusiones provisionales, uno de ellos se dedicaba al tráfico de cocaína a mediana y gran escala desde un domicilio de Elche, donde se intervinieron casi 300 gramos de la sustancia estupefaciente que habrían alcanzado los 30.000 euros de valor en el mercado ilícito. Este detenido ingresó en prisión provisional tras pasar a disposición judicial y en esta situación se encuentra hasta la fecha del juicio, debido a que tenía antecedentes por un delito previo de tráfico de drogas por el que había sido condenado a tres años de cárcel en 2012 por un juzgado de lo Penal de Orihuela.

También su mujer fue detenida en el marco de la investigación policial, que permitió detectar que un tercer acusado la adquiría en la vivienda de los primeros y la transportaba a Guardamar del Segura, donde residía y donde le fueron intervenidos una báscula digital y otros utensilios frecuentemente empleados para la distribución de drogas, además de 52 gramos de cocaína y 43 de cannabis. Por otro lado, se considera que los restantes dos acusados compraban la droga para redistribuirla en Daya Nueva. Cuando fueron detenidos, se localizó en el jardín de uno de los dos domicilios una báscula digital, alambre y recortes de plástico para preparar dosis para su venta al menudeo y algo más de 50 gramos, cuyo valor en caso de venta ilícita habría alcanzado los 4.600 euros.

Todos ellos están acusados de un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud por el Ministerio Fiscal, que pide además de las pena de prisión multas que alcanzan los 88.500 euros por la droga intervenida. El sexto detenido en su día fue un agente de Policía Local de Rojales al que se sorprendió presuntamente adquiriendo cocaína para su consumo, y al que se imputó un delito de omisión del deber de perseguir delitos.