Un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche propone una serie de reformas, como "la necesidad de la acción popular", para romper los vínculos existentes entre política y justicia y conseguir un Estado de derecho con mayor separación de poderes.
Según fuentes del centro ilicitano, la tesis de la doctoranda y profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la UMH, Victoria Rodríguez Blanco, lleva por título, "La politización de la justicia: instrumentos a favor de una mayor separación de poderes como presupuesto necesario para una democracia de calidad".
El objetivo del estudio, dirigido por la profesora Olga Fuentes Soriano, es "defender" la independencia judicial como un "elemento estructural, principio político y como exigencia de un funcionamiento efectivo del Estado de derecho, requisito esencial para un sistema político con calidad democrática".
Para ello, se propone un conjunto de reformas en el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional con la finalidad de "eliminar la influencia de los partidos políticos sobre estos órganos y convertirlos en instituciones más independientes".
Además, apuesta por el "fortalecimiento" del Consejo General de Poder Judicial, como "órgano de gobierno de los jueces", así como por "la necesidad de la acción popular o la limitación del uso de la institución del indulto".
Durante el estudio, se ha analizado el "conjunto de relaciones interdependientes que enlazan la política y la justicia", que ponen en manifiesto la existencia de una "politización de la justicia no deseable".
Se ha estudiado también los "conflictos" producidos entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la "histórica" huelga de jueces del 2009 o la judicialización de la política que "refleja la otra cara no deseable de un funcionamiento adecuado de la justicia".
Por otra parte, se ha tenido en cuenta los barómetros de opinión, estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, consideraciones de expertos, recomendaciones de evaluadores que miden la calidad democrática y las sugerencias realizadas por el Grupo de Estados en contra de la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa o la ONG Transparencia Internacional.
En esta tesis, también se han considerado las reivindicaciones de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, organización nació al amparo del manifiesto que en 2010 suscribieron más de 1.400 jueces de España para "reclamar la despolitización de la justicia, la necesidad de afrontar una mayor separación de poderes y la exigencia de una menor influencia de los partidos políticos en los órganos del Estado".
