El Juzgado de Instrucción número 1 de Elche ha citado a declarar en calidad de querellados al presiente, el secretario y un ingeniero de Riegos de Levante -Manuel Serrano, José Manuel Miralles y José Pagés- y como denunciado a su portavoz -Ángel Urbina-, en virtud de una querella interpuesta por la comunidad de base El Canal. Todos ellos han sido citados como imputados el martes para prestar declaración en relación con cinco presuntos delitos relacionados con la contabilidad y la gestión económica de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante.
La querella, cuyo contenido ya avanzó este diario, apunta a presuntos delitos de estafa, de administración desleal, de desvío o fraude de subvenciones, de llevanza de doble contabilidad y de falsedad en documento mercantil. La querella fue admitida a trámite en el mes de marzo y expone cuestiones como que se contrataron operaciones financieras no autorizadas por la Asamblea General y que han comprometido a la entidad con obligaciones de pago que perjudican a los agricultores y comuneros hasta 1,4 millones de euros, o que se ejecutaron inversiones hasta ocho veces superiores a las que estaban presupuestadas sin someter esas decisiones a votación, o que se han destinado subvenciones de más de seis millones de euros de la Generalitat Valenciana a fines distintos a los autorizados.
La lista de hechos supuestamente delictivos es larga y emana de la documentación económica que Riegos de Levante aportó a El Canal por mandato judicial. El portavoz, Ángel Urbina, ha venido planeando que la querella tiene fines electoralistas para lograr la presidencia de Riegos de Levante, algo que siempre ha negado el presidente de El Canal, Javier Berenguer, quien plantea que buscan que la gestión económica sea transparente y ajustada a derecho.
