Desde que un producto hortofrutícola se vende a pie de campo hasta que llega a la mesa del consumidor final hay una cadena de intermediarios más o menos extensa en cada caso, en la que se van aplicando porcentajes y márgenes que convierten a veces el valor final en algo muy alejado a que fue en origen. Los agricultores, el único eslabón de la cadena sin el que no existirían los demás, son quienes se ven más desprotegidos, según plantean, porque se encuentran prácticamente obligados a aceptar un precio impuesto, a veces a ciegas, que en algunos casos no cubre ni los costes de producción. Así lo vienen criticando sindicatos agrarios y particulares, cada año con un producto distinto: Este año son por ejemplo las naranjas las que no merecen ni ser cogidas de los árboles, pues se pagan a diez o doce céntimos el kilo. También están baratas en la frutería... pero tampoco tanto, dicen desde Asaja.
En cuanto un producto se hunde en precio suele perder extensión de cultivo, y al cabo de los años la reducción de la producción puede remontar su valor (no hay más que oferta contra demanda en la ecuación). Ha sido el caso, en los últimos años, de los limones. Pero hay otros factores: Los climatológicos, por ejemplo, pues las recientes heladas han disparado el precio de las alcachofas no afectadas por el frío (las que sí presentan manchas acaban yendo a conserveras), pero cada agricultor tiene menos kilos, en caso de que los haya logrado salvar.
Explican desde el sindicato La Unió de Llauradors i Ramaders que hay varias formas de vender los productos, desde que alguien los compre directamente en el campo (recogidos o en el árbol) hasta venderlos directamente en un puesto del mercado. Enmedio de los dos extremos cabe la posibilidad de llevarlos a una lonja como la de Elche (donde los asentadores venden el género al mejor precio que pueden a cambio de un margen y solo después de hacerlo le dicen al agricultor cuánto ha ganado) hasta la subastas, como la de Tres Puentes en Dolores (donde el hecho de que un día en concreto haya más oferta o menos de cada producto incide directamente en el precio, porque determina cuánto están dispuestos a pagar los compradores, que son desde verdulerías hasta grandes distribuidores). No pueden extraerse claras conclusiones comparando a cuánto se han pagado hoy las patatas en la subasta y a cuánto se venden en un supermercado, porque influyen la variedad, el día en que se compraron, de dónde se trajeron... Ahora, precisamente, en el caso de las hortalizas la época es poco representativa por las heladas.
Sin embargo sí hay comparaciones llamativas. El brócoli se vendió ayer en Tres Puentes a 0,45 el kilo para el agricultor y se compraba en un hipermercado a dos euros; la calabaza que se había pagado a 0,30 a quien la produjo se adquiría a 1,49 en el mismo supermercado; las habas que el productor vendió por entre 0,81 y 0,92 se adquirían en el Mercado Central de Elche a entre dos euros y 2,50; la escarola por la que se pagó en la subasta 0,82 euros el kilo llegaba a 1,40 la unidad en un puesto cualquiera del mismo mercado; la alcachofa pequeña que se llegó a pagar al agricultor alrededor del euro se encuentra después a 2,40... Y así un largo etcétera. Pero no sólo eso, sino que si los guisantes se vendieron ayer en Tres Puentes a 1,75 euros el kilo hace una semana en el mismo sitio se pagaron a 2,22, igual que la col de bruselas que ayer valía un euro el viernes 6 de febrero se vendió por 0,50. Todo eso sin que los gastos que ha afrontado el agricultor varíen.
Exigencia
Santiago Pascual, del sindicato La Unió de Llauradors i Ramaders en Elche considera que «al agricultor se le exige muchísimo en la calidad del agua, los abonos, lo que fumiga... y sin embargo, la administración no actúa en cuanto a los precios, y aunque el Ministerio lo ha intentado con un observatorio y con la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria (en la que se articula sobre la formación de precios) en realidad queda muy diluido porque no pueden intervenir en una situación de libre comercio».
Pascual entiende que «por eso es importante que el Ministerio de Agricultura ejerza esa labor, no de fijar precios pero sí creemos que por cada euro que vale un producto en el mercado final al agricultor deberían corresponderle 45 o 50 céntimos, mientras la realidad es que apenas le llegan 15 o 20». La situación, plantea el representante de La Unió, «es muy injusta para el agricultor, porque si el productor de abonos establece el precio de sus productos en función de sus costes y sus beneficios, por qué el productor tiene que coger lo que le ofrecen ante la certeza de que si no lo hace le comprarán a otro o lo traerán de otros países, incluso llegando a vender por debajo del coste de producción». A pesar de que el agricultor es el inicio de todo y su labor es irremplazable y es quien soporta toda la inversión, «es el último en recibir beneficio», sostiene Santiago Pascual.
Sacrificio
Eladio Aniorte, presidente de Asaja-Alicante, plantea que «la diferencia entre el precio cuando el agricultor entrega el producto hasta que lo consumen en casa es muy grande, hay muchos escalones y algunos no sacrifican nada, cada vez quieren ganar más». Asegura Aniorte que «las administraciones no hacen absolutamente nada por que haya un control en la cadena de precios, e igual que se sigue la trazabilidad a nivel sanitario se tendría que hacer también con los márgenes comerciales, estableciendo unos máximos que prohiban que si se compra a 0,10 10 céntimos no se pueda vender a un euro, como ocurre con la patata».
El representante de Asaja reconoce que ya le han contestado en otras ocasiones que parece muy difícil de controlar, aunque no lo comparte: «Yo soy agricultor y de mi producto tienen que vivir el que me vende los abonos, el que me compra, el conductor del camión que lo transporta, el que lo vende... pero que no sea sólo a mi costa; no pedimos tanto, que todos los eslabones de la cadena tengan un beneficio y no se arruine a unos para que otros se multipliquen por siete».
