La construcción de obras nueva y la concesión de licencias de apertura en las zonas rurales de Elche se encuentran con un escollo importante y farragoso: Obtener la autorización de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que viene exigiendo repetidos análisis en las depuradoras que los propietarios están obligados a instalar (algo que además de retrasar los trámites dispara los gastos). Desde ahora, ha reconocido como válido un sistema de «fitoevaporación» que, pese a ser más caro que una depuradora al uso, no genera vertidos y por lo tanto permite que la autorización de vertido no sea ya un trámite imprescindible.
Así lo explicó ayer Pascual Serrano, presidente de la Asociación Desarrollo Rural del Camp d'Elx, quien expuso que el reconocimiento de que al menos éste es un sistema válido se ha logrado a instancias del colectivo y gracias a la mediación del Defensor del Pueblo. El presidente de ADR compareció acompañado de Pablo Beneit, uno de los afectados, y de Pedro Andreo Martínez, investigador de la Universidad de Murcia y encargado de un estudio sobre el sistema, además de Alejandro Ruiz, representante de «Biogxido SL».
Según Serrano, la CHJ venía frenando desde hace una década los trámites para autorizaciones de obra nueva o licencias de actividad por la sucesión de análisis que solicitaba, que hacían que «conseguir la autorización de vertidos se convirtiera en una pesadilla» pese a tener luz verde de los distintos departamentos municipales implicados. Por ello, la asociación inicia el contacto con la CHJ y con el Defensor del Pueblo y propone varios sistemas o tipos de depuradoras que generan el mínimo impacto posible en el medio ambiente, pero con un coste de mantenimiento razonable.
Primera respuesta
La que ayer se hizo pública es la primera respuesta, por lo que se espera que lleguen otras más y se confía en que el abanico de posibilidades para el desarrollo rural sea mayor. En el caso de la «fitoevaporación» (instalada en cinco lugares de la provincia), al determinarse que no produce vertidos hace innecesaria la autorización y los análisis periódicos, aunque sí precisa de un control cada diez años para comprobar la estanqueidad de la instalación.
