El 63% de los residentes en una comunidad de vecinos asegura haber tenido al menos un conflicto anual derivado de asuntos relacionados con ruidos, morosidad u olores. Así lo determina un estudio realizado por la Asociación Educare Social entre más de 2.000 vecinos de diferentes barrios de Elche. Víctor Cabrera y M.A. Antón han sido los encargados de coordinar este estudio que persigue conocer el grado de penetración del conflicto vecinal así como su relación con variables psicosociales.
Según el estudio de Educare Social la mayoría de los conflictos tienen lugar en lugares comunes de la comunidad. Además, la mitad de los encuestados percibe su comunidad como problemática. También la mitad afirma que los conflictos están continuamente abiertos, sin resolver u originando nuevos problemas.
Los problemas más frecuentes son: ruidos molestos (59.4%), morosidad (54.2%), filtraciones, goteras, problemas eléctricos (40%), problemas con mascotas (31%). La morosidad es el problema que se percibe con mayor gravedad. Asimismo, un 9.2% de la muestra dice haber sido protagonista o testigo de situaciones de «blocking» o acoso hacia otros vecinos.
Una peor actitud vecinal, un menor sentido de comunidad y un menor apoyo social ante un conflicto aparecen relacionadas con un mayor número de conflictos, intensidad y gravedad percibida, un menor uso de recursos y un mayor número de consecuencias.
Consecuencias usuales son discusiones y/o peleas con vecinos, deterioro del edificio, pérdidas monetarias, problemas con la familia propia a causa de la tensión, estrés prolongado, ruptura total de relaciones con vecinos, denuncia policial, haber padecido ansiedad y/o depresión, o agravado alguna enfermedad. Impotencia, frustración, rabia son las reacciones emocionales más usualmente expresadas. También existen respuestas positivas como competencia, esperanza u oportunidad de poder resolver sus conflictos.
Los recursos habitualmente utilizados para la solución de sus conflictos vecinales, los más utilizados con gran distancia son dialogo vecinal y la comunicación al administrador de fincas, aunque muchos casos acaban con denuncias en la policía y demandas judiciales.
