El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche lleva arrastrando 1.800 asuntos de ciudadanos y empresas que esperan para oponerse a alguna decisión de las administraciones públicas (expropiaciones, sanciones, denegaciones, extranjería, administración tributaria, materias de personal en la función pública...) y que van poco a poco viendo la luz, pero que al ritmo al que puede gestionar una oficina judicial tardarían casi una década en ponerse al día. Según los datos del juzgado, la circunscripción del partido judicial de Elche (Baix Vinalopó y Vega Baja) abarca un 40% de la población de la provincia, mientras que el resto se atiende desde los cuatro contenciosos de Alicante, que cuentan actualmente con seis jueces y que van al día en tramitación de procedimientos.
Precisamente en los últimos dos años ha bajado el número de asuntos que tienen entrada en el juzgado hasta los 600 o 700 aproximadamente cada ejercicio, por debajo de los más de mil que se recibieron en 2009, 2010 y 2011 pero aún muy por encima del baremo que establece como óptimo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que habla de 400 asuntos por año para que la respuesta sea adecuada. El motivo de la caída de asuntos hay que buscarlo en la ley de tasas la ley de tasas, pus aunque hay exenciones en las que el demandante no tiene que pagar, la inmensa mayoría conllevan una tasa (aunque se viene observando, comentan desde el juzgado, que muchos no la pagas de entrada y no todos lo subsanan después, de modo que se están archivando constantemente procedimientos por impago, según relatan).
Con todos esos procedimientos pendientes (que implican una entrada de escritos proporcional), hasta ahora la tramitación está siendo superior a la entrada de nuevos asuntos, por lo que la oficina judicial esta «limpiando» esa lista de espera en unos sesenta asuntos al trimestre. De este modo, de seguir con el ritmo actual de reducción de la pendencia, el juzgado podría ponerse al día en unos siete años, eso teniendo en cuenta que no haya incidencias.
Personal
Y es que precisamente ahora la Conselleria de Justicia acaba de celebrar concursos de traslados que conllevan que la oficina haya pasado de cinco personas a dos. En concreto, han cesado dos funcionarios tramitadores y un gestor y han quedado uno de cada mientras se incorpora el que ha cubierto a resultas la vacante de gestor y mientras se tramita en la Generalitat si se cubren con interinos las otras dos plazas, algo que es actualmente incierto.
Ha habido en el juzgado en los últimos meses un juez de refuerzo (cesó en octubre), aunque lo realmente trascendental para agilizar el trabajo sería reforzar el número de funcionarios tramitadores, según reclaman desde el propio órgano judicial. En teoría, desde el juzgado sostienen que existe un plan de urgencia aprobado que debería conllevar el nombramiento de un nuevo juez de refuerzo, aunque se desconoce cuándo o de qué manera se llevaría a cabo.
Actualmente el juzgado está señalando para junio de 2015, con algo más de medio año de retraso, aunque con diferencias para los procedimientos abreviados y los ordinarios.
Es a este juzgado al que tienen que acudir todo el Baix Vinalopó y la Vega Baja. Especialmente en la segunda comarca se han producido muchos procedimientos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio, si bien las competencias abarcan expropiaciones forzosas, contratos administrativos, dominio público, administración tributaria, asuntos de medio ambiente, de función pública y personal, de administración laboral y seguridad social, extranjería, responsabilidad patrimonial... Todos estos temas en los que se recurre una decisión administrativa se ven en un solo juzgado, que conoce de los problemas del ciudadano con las administraciones públicas, desde un proveedor de un Ayuntamiento que no cobra al peatón que se cae en una acera en mal estado, al expropiado o aquel que considera que le han liquidado una tasa indebida...
Por todo ello, la mejoría progresiva que está experimentando el juzgado en los últimos años no es impedimento para que los colegios profesionales de procuradores y abogados o la decana de jueces hayan reclamado un segundo juzgado de estas características, algo que el PSPV-PSOE pedirá en las Cortes Valencianas.
