El juez de guardia decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el gerente de la empresa TeleGes, acusado de un delito de estafa por el que la unidad de delitos monetarios de la Policía Nacional de Madrid detuvo en un primer momento a cuarenta personas. Treinta y cinco de estos implicados quedaron en libertad a las pocas horas de ser citados en la Comisaría de Policía de Elche tras prestar declaración por los hechos investigados.

Por su parte, el magistrado de guardia, que ha decretado secretas las actuaciones, tomó declaración también durante la jornada de ayer a la mujer del gerente y a otras tres personas relacionadas con la gestión y la dirección de la empresa, a las que puso en libertad tras prestar testimonio en los juzgados de Elche.

En el transcurso de la declaración del gerente, el magistrado le preguntó por las prácticas que la empresa ilicitana realizaba en la contratación de anuncios publicitarios para revistas relacionadas con la Guardia Civil, donde presuntamente podría encontrarse el delito de estafa. Poco más ha trascendido de la operación policial que se ha realizado en Elche en las últimas horas y que provocó el traslado «exprofeso» de un amplio dispositivo policial desde Madrid a Elche para poder detener a todos los presuntos implicados y realizar los distintos registros ordenados por el juez.

Concretamente, la Policía Nacional procedente de Madrid ha realizado en relación con la operación que investiga la supuesta estafa siete registros, no sólo a la sede de la empresa desde donde supuestamente se realizaban las contrataciones ilícitas de publicidad, sino también a varias propiedades particulares del gerente y a la sede de la asesoría que en principio se encargaba únicamente de las gestiones fiscales y laborales de la firma de telemarketing y donde se copiaron varios discos duros.

El dispositivo policial que se ha desarrollado en la ciudad ha sido ordenado por el magistrado del juzgado número 43 de Madrid, por lo que previsiblemente el juzgado ilicitano se inhibirá en favor de la sala madrileña y trasladará el atestado a la capital para que se sigan las actuaciones pertinentes.

La estafa que se está investigando podría haber afectado a miles de personas y podría haber reportado millones de euros de beneficios a sus «cerebros». Al parecer, los trabajadores de la empresa que ahora se está investigando se encargaban de contactar vía telefónica con los supuestos anunciantes asegurándoles que pertenecían a colectivos relacionados con la Guardia Civil o con asociaciones policiales, con la intención de que insertaran anuncios en una revista que les sería remitida en breve y que, realmente, se editaba.

Los empleados, posteriormente, volvían a contactar con el supuesto anunciante pidiéndole el pago de cantidades que podían oscilar entre los 150 y los 500 euros por la inserción de un anuncio en la citada revista, una contratación que muchas personas admitían ante la supuesta «intimidación» del que ofrecía el anuncio o que provocaba que se les reclamase el pago del servicio posteriormente una vez que la mercantil mostraba que la publicidad se había incluido en la publicación.

Parece que la investigación policial se inició a raiz de varias denuncias relacionadas con esta práctica.