Mientras los actuales gestores de la compañía tratan de salvar los muebles con recortes de personal, las entidades financieras y el Consell aún siguen pagando las consecuencias del anterior plan de viabilidad de Kelme, que en 2008 permitió salvar a la empresa gracias al suelo que ésta poseía en el saladar de Agua Amarga, en Alicante. La sociedad que asumió estos terrenos, y en la que se dio una participación a Bancaja, la CAM y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a cambio de cancelar los créditos que tenía pendientes la firma zapatera, acaba de entrar en concurso de acreedores, lo que muy probablemente impedirá a estas instituciones recuperar ni un sólo euro de los más de 35 millones que han gastado en el proyecto.
Por su parte, los 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico acabarán previsiblemente en manos de Meleuz S.L., una firma perteneciente a la familias del abogado ilicitano José Sempere y del empresario y exconcesionario de Reebok, Francisco Borja, que fue precisamente la única que en su día rechazó la propuesta de intercambiar deuda por una participación en la nueva sociedad. Desde entonces, Desarrollos Urbanísticos Aguamarga arrastraba una deuda de más de ocho millones de euros con esta mercantil, que ha resultado imposible de pagar ante la peculiaridad de estos terrenos que los hacen casi imposibles de vender en el mercado normal.
Fue la propia Generalitat, -que entonces tutelaba a Kelme ante las dificultades por las que atravesaba- la que diseñó el plan para reflotar la empresa, que consistía en que las entonces cajas de ahorros de la Comunidad y el IVF perdonaran a la compañía sus deudas a cambio de obtener una participación en la nueva sociedad a la que se traspasó la propiedad del suelo de Agua Amarga: más de 1,8 millones de metros en los que nunca se iba a poder construir al encontrarse en un terreno catalogado como rústico y que el Ayuntamiento de Alicante quería proteger. De hecho, su único valor real radicaba en que el consistorio entonces presidido por Luis Díaz Alperi estaba dispuesto a compensar a los propietarios con otros terrenos en zonas de uso residencial o industrial de la ciudad a cambio de su cesión al municipio. Se llegó a firmar incluso un convenio pero el problema es que para poder ejecutarlo debía aprobarse el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que a día de hoy sigue atascado en su tramitación y sin visos de ser autorizado.
Blindaje
Para vencer las reticencias de las entidades, en el acuerdo se incluyó también una cláusula que obligaba al IVF a comprar la participación de CAM y Bancaja en el caso de que éstas no vieran claro el negocio y optaran por abandonar. Tras la quiebra de ambas, sus sucesoras -Sabadell y Bankia, respectivamente- trataron de activar esta cláusula sin ningún éxito ya que su aplicación hubiera obligado al Consell a abonar cerca de 10 millones a la entidad catalana y alrededor de 20 al banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri en un momento en que la Generalitat tiene problemas hasta para pagar sus gastos más básicos, por lo que se optó por dilatar el proceso.
Sin embargo, desde la Conselleria de Hacienda aseguraron ayer oficialmente que el motivo de su negativa es la prohibición por parte del Gobierno central de que las autonomías creen nuevas empresas públicas, condición que hubiera adquirido Desarrollos Urbanísticos Aguamarga si el IVF hubiera asumido las participaciones de las entidades, al superar el 50% del accionariado. Ahora, aseguran, todo está en manos de «lo que decida el juzgado» aunque reconocen que difícilmente se podrá pagar ninguna compensación a las entidades, que también lo tienen muy complicado para cobrar algo en el concurso de acreedores ya que los accionistas son los últimos en ser satisfechos.
Además, en la situación actual del mercado es muy probable que el valor de los terrenos de Agua Amarga ni siquiera alcance para cancelar los ocho millones de deuda de Meleuz, que corresponden a las opciones de compra que los propietarios originales de Kelme, los Quiles, les vendieron en su momento.
En el caso del Sabadell, las pérdidas estarían cubiertas por la EPA concedida a la entidad para absorber la CAM. Por su parte, el IVF deberá asumir un deterioro de seis millones mientras que Bankia perderá 20 millones. Este diario trató de conocer ayer la valoración de esta última entidad sin obtener respuesta.
