La polémica que ha generado en los últimos días el proyecto del nuevo Mercado Central se trasladó ayer al pleno, de la mano del PSOE y el Partido de Elche, que llevaron a la sesión dos mociones de urgencia en la que exigían que se paralice el proceso, que se impida que la empresa se pueda quedar en propiedad con el 60% del edificio pasados 40 años, y que se alcance el consenso entre placeros, comerciantes y vecinos. Al final, el equipo de gobierno en bloque tumbó las dos propuestas, y ello pese a que en los últimos días ha habido algún que otro concejal popular que ha llegado a mostrar en determinados círculos su rechazo al proyecto. El PP, por boca del concejal de Ordenación Urbana e Infraestructuras, Vicente Granero, se limitó a argumentar que ya se había ampliado el plazo de presentación de propuestas para estudiar las posibles alegaciones.

El primero en poner las cartas sobre la mesa fue el portavoz del Partido de Elche, Jesús Ruiz Pareja, quien en la defensa de la urgencia de su moción «in voce» planteó la paralización del proceso hasta que se conozca el resultado de las catas arqueológicas y hasta que se alcance «el mayor consenso posible». Asimismo, se negó a que parte del edificio pase en propiedad a la empresa finalizada la concesión y exigió que se elabore un estudio previo sobre el tráfico en la zona centro para conocer la viabilidad que puede tener un aparcamiento con 400 plazas. El PP votó en contra, mientras PSOE y Partido de Elche lo hicieron a favor.

En explicación de voto, Granero sostuvo que «ya se ha aprobado una ampliación del plazo de presentación de ofertas, para que se puedan estudiar las alegaciones por si es necesario hacer alguna modificación en los pliegos».

A partir de ahí, llegó el turno del portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Rodes, quien en su propuesta «in voce» planteó la paralización del proceso, la necesidad de alcanzar el consenso, y su negativa a que la empresa se quede con el 60% del edificio. Además, reivindicó que el equipo de gobierno regularice las concesiones de los puestos, «en precario», alertó, para evitar que sean una «amenaza». Finalmente, incidió en que «el procedimiento sigue el ritmo de una apisonadora y la alcaldesa ni siquiera asiste a las reuniones», habló de que estas obras pueden «erosionar» más el consumo en el centro y sentenció que «los placeros tienen derecho a tener despejado su futuro».

El resultado de la votación fue exactamente el mismo que se dio en la propuesta de Pareja, y los razonamientos de Vicente Granero idénticos a los que había enunciado anteriormente, aunque en esta ocasión sí añadió que «las catas arqueológicas dirán si se puede realizar el proyecto o no».

También como moción «in voce» Rodes pidió la anulación de la prórroga de la contrata del servicio de autobuses urbanos hasta 2026, y también como era previsible la votación fue calcada a las dos anteriores. «Hipoteca irresponsablemente el futuro de la ciudad», puntualizó el portavoz socialista, quien destacó que «la concesión no vence en este mandato, sino en el siguiente». Ante ello, la alcaldesa, Mercedes Alonso, le recriminó que no había ninguna urgencia en esa propuesta, a lo que Rodes le espetó que «no la presentamos en plazo porque no hubieran admitido la moción». Fue entonces cuando el socialista se mostró más contundente: «Éste es un Ayuntamiento antidemocrático y necesitamos erradicar la corrupción, porque este acuerdo se toma al margen de los intereses de la ciudad y eso es corrupción», mantuvo. Ante este escenario, el portavoz de la Junta de Gobierno Local, Antonio Luis Martínez -Pujalte, le recriminó que recurriera a un «pequeño fraude de ley, porque no ha sido capaz de justificar la urgencia», y afirmó que «es una prórroga idéntica a la de 1999».

No menos agrio fue el debate urbanístico que nació en torno a la modificación puntual del Plan Parcial del sector E-16, situado junto al cauce del río, ya cerca de la carretera de Dolores. «Este sector estaba atrasado porque hay muchos y muy relevantes restos arqueológicos, con una vía romana y restos de todo de tipo y es posible que eso acabe desaconsejando el desarrollo del sector», precisó Antonio Rodes. Fue entonces cuando volvió a acusar al equipo de gobierno de «no tener un modelo urbanístico, más allá del de los intereses privados».

Mientras, Granero también recuperó discursos recurrentes: «Ahora tenemos que solucionar los problemas que ustedes crearon, con chanchullos y pelotazos que realizaron en su época, y Porta de la Morera es un de ellos, reconocido en una sentencia, o como las expropiaciones de la UMH». Por su parte, Jesús Ruiz Pareja les espetó que «no ha habido modelo de urbanismo ni ahora ni antes», y, posteriormente, en ruegos y preguntas, volvió a inquirir sobre la deuda pendiente por la indemnización urbanística de Porta de la Morera. «Estamos haciendo todos los estudios para pagar», respondió al final el edil de Hacienda, Manuel Latour.

Y todo ello tuvo lugar en el marco de un pleno otro más en el que quedó en evidencia una confrontación política que entra muchas veces en el terreno de lo personal y en el que se debatió poco, muy poco, de gestión municipal, aunque sí se habló mucho de pasado y de «herencias recibidas».