El letrado de José Joaquín Moya, exalcalde de Bigastro, expuso ayer en su alegato final en la Audiencia, con sede en Elche, que no entendía el porqué los delitos que se imputan a su cliente (ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental) sigan siendo a juicio del fiscal dolosos, pero no para los otros dos imputados (el secretario y una técnico) para los cuales han pasado a ser solo imprudentes, lo cual rebaja sensiblemente la pena que les solicitaba a una multa de 9 meses (a razón de 13 euros al día) que antes era de 4 años de cárcel. Por su parte, Moya se enfrenta a cinco años y diez meses de prisión y en su caso no ha variado la tipificación de los delitos. El propio exalcalde de Bigastro cerró ayer el juicio asegurando: «Me asombro de que mi actuación sea dolosa, cuando yo sólo actúe con buena fe y creía que iba a ofrecer un servicio de calidad». Él y los dos funcionarios han sido juzgados por la instalación de dos depósitos de gas en zona verde.

Por otra parte, la letrada de Repsol continúa reclamando al Ayuntamiento de Bigastro los daños y perjuicios ocasionados al retirar los depósitos de gas de la zona verde.

De esta forma, el juicio contra José Joaquín Moya, exalcalde de Bigastro, Antonio Saseta, secretario municipal durante el mandato de Moya, y María Jesús Ferrer, técnico municipal, quedó ayer visto para sentencia tras los alegatos finales de la defensa y las últimas palabras de los acusados. Durante los próximos días se determinará la sentencia definitiva.