El ayuntamiento de Elche ha desestimado las alegaciones al presupuesto municipal de 2013 presentadas por asociaciones y partidos políticos durante el plazo de exposición pública por no reunir los requisitos establecidos en la Ley de Haciendas Locales. El documento, que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 26 de noviembre de 2012 (con los únicos votos a favor del PP), ha suscitado críticas tanto de partidos políticos como de sindicatos.

Las seis alegaciones presentadas solicitaban una modificación del presupuesto, antes de su aprobación final en el pleno extraordinario del día 10 de enero.

Entre las alegaciones presentadas, el edil de Hacienda, Manuel Latour, ha destacado hoy en rueda de prensa la petición de una partida de 10 millones de euros destinada al presupuesto participativo.

Otras hacían referencia a subvenciones para proyectos de desarrollo o el incremento de las partidas a funcionarios municipales en asistencia médica o becas de estudios.

En el caso del PSOE, el edil del PP se ha referido a la intención de los socialistas de modificar el presupuesto para destinar 1'7 millones de euros a un Plan de Empleo con el que dar trabajo a más de 700 ilicitanos.

Una cantidad, extraída en gran parte, según la edil socialista María Dolores Asencio, del previsible ahorro de alrededor de un millón de euros en los intereses a los bancos por la bajada del Euribor, como ya ocurrió, según ha asegurado, en 2012.

En este sentido, Latour ha asegurado que el anterior equipo de gobierno socialista firmó con las entidades financieras, en el momento de refinanciar la deuda municipal, que en caso de que se produjera una bajada del Euríbor, se destinaría a incrementar la amortización, por lo que el ahorro del millón de euros "no es así".

Desde el consistorio municipal se han desestimado todas las alegaciones, según Latour, por "no cumplir" los requisitos establecidos en la Ley de Haciendas Locales.

Latour ha señalado que los tres supuestos para alegar a los presupuestos durante el plazo de exposición pública se darían por "no ajustarse en su elaboración y aprobación a los trámites legales, omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a entidades locales. Así como el desequilibrio entre ingresos y gastos presupuestados.