El sur del término municipal de Elche sufre desde hace casi 40 años inundaciones debido a que el río Vinalopó carece de una salida al mar y desemboca en el azarbe de las Cebadas, propiedad de la Comunidad de Regantes de Carrizales. El peligro para bienes y personas persiste en el tiempo en caso de que se produzcan lluvias torrenciales que provoquen una avenida de agua en el Vinalopó. Y ello a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) elaboró, en septiembre de 1992, hace casi 20 años, el denominado "Estudio de encauzamiento del río Vinalopó desde Elche al mar en Santa Pola", firmado por el ingeniero jefe del Servicio de Proyectos y Obras, Antonio Ruiz de la Torre; el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Santiago Mellado; y por el director técnico, José Luis García. En el estudio "se reconocía el problema y se planteaban soluciones al mismo", que, hasta el momento, no se han plasmado sobre el terreno.

Como consecuencia de la consulta pública del documento "Esquema provisional de temas importantes" del proceso de planificación Hidrológica de la Cuenca del Júcar (Plan Hidrológico de Cuenca), todavía sin resolver, la Comunidad de Regantes de Carrizales incorporó al documento de planificación una serie de alegaciones donde se expone que la CHJ "no puede seguir ignorando y excluyendo el tramo final de ocho kilómetros del río Vinalopó (desde Carrizales al mar)". En este tramo, el Vinalopó carece de una cauce propio para su salida autónoma al mar y desemboca en el azarbe de Cebadillas, propiedad de la Comunidad de Regantes de Carrizales y a través del mismo llega hasta el mar. En condiciones normales, el desagüe se produce con normalidad. Cuando se dan grandes riadas en el Vinalopó, el azarbe no tiene capacidad para dirigir tanta agua al mar y es cuando se ocasionan las inundaciones al sur del término municipal.

Por ello, Carrizales pide que se ponga fin a la provisionalidad actual mediante su inclusión en el esquema de temas importantes, ya que "el Vinalopó, de ocho metros de ancho, desemboca en el azarbe que sólo tiene cuatro, lo que provoca inundaciones al menos una vez cada dos años". Los regantes de Carrizales consideran que es el momento "de resolver esta asignatura pendiente de la CHJ a través del Plan Hidrológico del Júcar que se está elaborando".

Finalmente, se recuerda que la zona situada alrededor del lugar donde el Vinalopó conecta con el azarbe de Cebadillas está considerado "de alto riesgo" por el Plan de Acción Territorial contra el Riesgo de Inundación (Patricova) de la Comunidad Valenciana.

Garantía de conservación para los azarbes de especial interés ecológico

"La zona de Carrizales es un humedal merecedor de especialísimas medidas de protección". Así lo recoge una de las alegaciones de la Comunidad de Regantes de Carrizales, donde recuerda a la CHJ "su deber" de proteger este ecosistema y adoptar medidas que garanticen los caudales ecológicos que "constituyen la base imprescindible para evitar su degradación y la extinción de especies animales". Se recuerda, además, para que se tenga en cuenta en la redacción del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que los parques naturales de El Hondo y Las Salinas de Santa Pola están parcialmente integrados dentro de la citada comunidad de agricultores, cuyo territorio "está incluido y catalogado como zona periférica de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante". Por ello, se añade, sus azarbes están considerados de "especial interés ecológico" y la CHJ tiene que establecer medidas para su conservación, protección eficaz, gestión sostenible y recuperación, según indican desde Carrizales. E. D. G.

Piden modificar la norma de depuración

Otra de las alegaciones presentadas al avance de Plan de Cuenca del Júcar proviene de la Asociación de Afectados del Camp d'Elx, donde se solicita que la CHJ considere que la exigencia de una instalación de depuración y mantenimiento suponga un coste sostenible para las cientos de viviendas unifamiliares rurales existentes por todo el término municipal y que carecen de alcantarillado. Por ello, se insta a que la nueva planificación considere los vertidos de estas viviendas como "de escasa importancia, tanto en magnitud como por su leve riesgo de contaminación". Los afectados piden que la CHJ solicite, como único requisito para la depuración del diseminado rural, la instalación de equipos depuradores que cumplan la normativa UNE-12566-3, "realizada expresamente para ese tipo de casos y que se eliminen completamente los autocontroles exigidos para las instalaciones domésticas". Esta normativa se refiere a instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes y es utilizada para certificar depuradoras compactas domésticas. En estos momentos, la normativa en vigor indica que una vivienda unifamiliar se engloba en el tramo de exigencias idénticas a las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, "sin tramos intermedios".

En todo caso, recogen las alegaciones, se solicita de la CHJ que exija un mantenimiento periódico de las instalaciones o un vaciado anual de fosas sépticas, "exigencia que sería mayor a la que indican los fabricantes que recomiendan un vaciado cada 3 ó 4 años". E. D. G.