La nuera de Miguel Hernández, Lucía Izquierdo, ha presentado hoy en el registro del ayuntamiento de Elche un escrito por el que solicita de manera oficial la retirada de los documentos que conforman el legado del poeta del archivo municipal.
La petición de retirar el legado, integrado por cerca de 5.000 documentos, manuscritos y objetos personales de Miguel Hernández, se ha producido después de que el gobierno local de Elche, del PP, rescindiera el convenio suscrito con los herederos del escritor para su permanencia durante veinte años en esa ciudad.
Dicho acuerdo, firmado entre los familiares del literato y la anterior corporación municipal (PSPV-PSOE) en octubre de 2010, establecía la permanencia del legado por un importe de tres millones de euros, por lo que el concejal de Cultura, Pablo Ruz (PP), justificó en su día la rescisión en la "crítica" situación de las arcas municipales.
"Todavía no hemos decidido dónde depositaremos el legado, pero lo que está claro es que en Elche no se queda; eso seguro", ha dicho Izquierdo a EFE tras anunciar que interpondrán una demanda contra el consistorio por presunto "incumplimiento" del convenio suscrito y por supuestas "ofensas a la familia con falsos testimonios".
"Ya sabemos que era un poeta rojo y comunista que cuesta mucho digerirlo, pero, por favor, pedimos respeto para la familia", ha señalado Izquierdo, para quien, "al igual que se hizo con la retirada del monolito dedicado a Dolores Ibárruri, todo forma parte de la misma línea ideológica".
Además de demandar la retirada de los documentos, que han permanecido 27 años bajo el auspicio municipal, el escrito presentado por la familia contempla la recuperación de las copias digitalizadas de las obras del poeta realizadas hasta el momento por el ayuntamiento.
Preguntada por el destino del legado, Izquierdo ha rechazado concretar dónde permanecerá, aludiendo a "cuestiones de seguridad", pero ha afirmado que "estará bajo la protección de la familia".
Por su parte, el abogado de los herederos, Carlos Candela, ha trasladado en declaraciones a EFE su "deseo" de que el ayuntamiento ilicitano se pronuncie sobre la fecha escogida para la retirada del legado en un plazo de diez días.
"El interés de la familia pasa por retirar el legado de la ciudad cuanto antes", ha añadido.
También ha anunciado que interpondrán una demanda ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en la que solicitarán una indemnización por la rescisión del convenio, cuya cuantía "determinará el juez".
La demanda constará de dos partes: daños y perjuicios y daños morales, esta última como consecuencia de las "mentiras vertidas por el gobierno local", ha reseñado el letrado.
