El juicio de faltas por el accidente ocurrido el 10 de agosto de 2008, cuando el trabuco que portaba un festero explotó durante el Alardo y dejó cuatro heridos, se cerró ayer con la petición de casi 400.000 euros en indemnizaciones por parte de tres de las personas accidentadas (el cuarto herido no se presentó como parte en el proceso). La vista duró más de tres horas, ya que faltaba por declarar un testigo, y los abogados de las ocho partes tenían que presentar sus conclusiones finales.

En concreto, el hombre que manejaba el arcabuz que explotó demanda 110.000 euros por el accidente y otros 65.000 euros por la invalidez que le han ocasionado las heridas, ya que era informático y perdió dos dedos de la mano derecha y parte de un oído; por su parte, la mujer accidentada en el interior de su vivienda, en un quinto piso, cuando una esquirla del arma le impactó en el hombro, y que le ha dejado secuelas, solicita unos 210.000 euros; finalmente, la tercera víctima, con heridas en una pierna, pide por los 9.000 euros, según explicó Miguel Torres, el abogado del festero al que le explotó el arma.

El letrado explicó tras la vista que, durante el juicio, pidió la libre absolución de su defendido, ya que, como concretó, "el trabuco desapareció y no ha quedado demostrado en ningún momento si fue por la pólvora o por el arma, e incluso pudo ser un hecho fortuito". En caso contrario, precisó que "pedimos la responsabilidad compartida con la Asociación de Moros y Cristianos de Elche, ya que tenía que haber ejercido un mayor control y haber proporcionado más información a los participantes, para lo que podía haber empleado parte de la subvención que recibía del Ayuntamiento".

No obstante, reconoció que "la compañía de seguros alega que mi cliente no pasó la revisión del arma que establece la ley para estos casos, pero no sabía que tenía que hacerlo y, además, las condiciones generales de la póliza no lo establecían".

Por su parte, desde la Asociación de Moros y Cristianos volvieron a pedir la absolución del colectivo, ya que, como dijeron, "entendemos que no somos responsables del accidente y tampoco de las lesiones que desgraciadamente sufren los denunciantes". Así, manifestaron que "no hemos hecho nada, no ha habido ninguna omisión de la diligencia debida ni ninguna conducta culposa ni negligente. Ofrecimos toda la información que se requería y tomamos todas las medidas de seguridad necesarias, y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento".

Miguel Torres señaló que durante la sesión también se pidieron responsabilidades al Ayuntamiento, ya que, según argumentó el representante de alguna de las partes, el suceso tuvo lugar en la calle y, además, subvencionaba a la Asociación de Moros y Cristianos.

Además, se pidió responsabilidad subsidiaria para el padre del hombre que manejaba el trabuco, ya que, según se puso de manifiesto, había donado el arma a su hijo, pero no existía documentación al respecto.

En el juicio comparecían como parte los tres heridos; el padre del portador del arma; la Asociación de Moros y Cristianos de Elche; la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (Undef), como tomadora del seguro; la compañía de seguros y el Ayuntamiento de Elche.