Otra de las disputas sobrevino por el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que estará 60 días en exposición para alegaciones y que pretende, entre otros objetivos, mejorar la participación ciudadana en la vida municipal y crear la figura del defensor del ciudadano. El PP, a través de Vicente Granero, criticó que primero no se haya desarrollado el Plan de Organización del Pleno, ya que a su juicio muchas cosas hubieran quedado resueltas en cuanto a participación democrática, y que tampoco se den plazos para su puesta en marcha ni menos aún presupuesto, sobre todo para la figura del defensor.

Alejandro Pérez, por su parte, arremetió contra la "política de incomunicación, aislamiento y de insultos del PP", y reiteró que no asiste a la junta de portavoces "por el camelo de que no está el secretario".

Posteriormente ambos se enzarzaron de nuevo a raíz de la demanda presentada contra el Ayuntamiento por los herederos del suelo que en los años 40 se cedió para la construcción del anterior cuartel de la Guardia Civil, propiedad que ahora se reclama al trasladarse el mismo. En este punto Granero acusó al equipo de gobierno de mantenerlo "en la mayor opacidad hasta que lo han tenido que traer al pleno" y de no saber cómo quedaban los terrenos, mientras Pérez subrayaba que en este caso "el Ayuntamiento ha actuado correctamente en el fondo y en la forma".