Propietarios de los terrenos donde está proyectado el parque industrial Porta d'Elx que desde hace diez años esperan, junto al Ayuntamiento de Elche, a que la Generalitat Valenciana desbloquee la situación urbanística con la intención principal de que se pueda hacer realidad esta infraestructura o, en su defecto, desistir definitivamente, han planteado que ambas administraciones se sometan a un acto de conciliación para buscar una salida a este problema.

Los dueños de los terrenos que han planteado esta vía, y que representan prácticamente la mitad de los terrenos que se verían afectados por esta actuación industrial a realizar en el Camino de Castilla, con una superficie total estimada de dos millones de metros cuadrados, señalan, además, que este intento de conciliación entre la Generalitat y el Ayuntamiento debería celebrarse bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El abogado de este grupo de propietarios, Diego García García, recuerda que los afectados por la falta de decisión administrativa llevan prácticamente desde el año 2000, más de diez años, sin poder hacer uso de su propio suelo, dada la incertidumbre existente sobre el futuro de sus propiedades.

Desde hace una década el Ayuntamiento busca crear un nuevo parque industrial, el denominado Porta d'Elx, al norte del término municipal. No obstante, para ello, inicialmente, era necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, puesto que esa zona no está catalogada para uso industrial.

Ante esta iniciativa, el Consell también se mostró inicialmente de acuerdo, de ahí que se planteara la necesidad de llevar a cabo un concierto previo con la advertencia de que para el asentamiento de grandes industrias era necesario cumplir con una serie de requisitos previos.

En este punto además se ponía en evidencia que si bien existían una serie de restricciones urbanísticas, por otro lado, el Plan de Acción Territorial Metropolitano de Alicante y Elche (PATEMAE) coincidía en la creación en este mismo enclave de un centro logístico que sirviera de motor industrial para el sudeste de la provincia.

El letrado del bufete García, Boix & Asociados recuerda que siendo coincidentes las administraciones, el Ayuntamiento dispuso los trámites requeridos para llevarlo a efecto. No obstante en este proceso se produjo un cambio de opinión por parte de la Administración autonómica, que es lo que está paralizando la actuación.

Así, en junio de 2001 la Conselleria de Urbanismo era partidaria de la modificación planteada por el Ayuntamiento. Pero en enero de 2008 cambió de criterio y señaló que lo oportuno en este caso era realizar la revisión del PGOU para poder llevar a cabo esta actuación.

Tras presentar alegaciones, el Ayuntamiento, finalmente, y en vista de que el Consell se mantiene en su postura, ha pasado de la vía administrativa a la contencioso-administrativa. En este sentido a finales de 2009 el Consistorio interpuso una demanda en la que la Generalitat se ha ratificado en su postura y que en estos momentos desde los juzgados se ha pedido a los propietarios que se pronuncien al respecto. Los clientes del abogado Diego García se han pronunciado en el mismo sentido que el Ayuntamiento, incluso han aportado otras cuestiones técnicas para su valoración, y han insistido además en que ambas administraciones acuerden poner fin a este procedimiento sometiéndose a un acto de conciliación que acabe con la incertidumbre e indefensión de los dueños del suelo.