La Asociación de Afectados del Campo de Elche, que lucha contra los autocontroles de los vertidos a las fosas sépticas impuestos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), manifestó ayer su insatisfacción e indignación tras la reunión que mantuvo el jueves con esta institución. En este encuentro, el comisario de aguas Manuel Alcalde les comunicó la reducción de 9 a 2 de los análisis anuales y de 16 a 10 de los parámetros exigidos. Sin embargo, los miembros de este colectivo ilicitano consideran insuficientes estas medidas y siguen calificando su situación como "discriminatoria con respecto a otras cuencas hidrográficas" y el coste de estas pruebas, que podría rondar los 1.000 euros, como "insoportable".

El portavoz de esta asociación, Pablo Beneit, se mostró contrariados por la "soberbia" que mostró este técnico de la CHJ, al que acusó de "abuso de poder" y reconoció que existen pocas posibilidades de que "mejoren estas condiciones". Por eso, adelantó que, en la próxima reunión de la junta directiva, que tendrá lugar el lunes, elaborarán un plan de acción que podría iniciarse con una petición de ayuda al Síndic de Greuges y que continuaría con el Defensor del Pueblo e, incluso, instituciones europeas.

Mediación del Ayuntamiento

En esta reunión, los miembros de la plataforma ilicitana estuvieron acompañados por la concejal de Aguas, María Teresa Sempere, y dos de sus técnicos, que actuaron como intermediarios y que expusieron sus argumentos. La edil socialista mostró su apoyo a los afectados y, aunque reconoció que no le gustó "la actitud de la confederación en este encuentro" aseguró que seguirán apoyando las reivindicaciones de los ilicitanos. Sin embargo, Beneit aseguró que, a pesar de que el Ayuntamiento les ha facilitado los contactos con la CHJ, se sienten "desamparados por su pasividad y su inacción" a la hora de defender sus verdaderos intereses".