La moción consensuada entre los tres grupos políticos (PSOE, PP y Compromís) que ayer se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Elche reclamando al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) el inmediato inicio de las obras de urbanización y construcción de las primeras 307 viviendas de las más de 1.000 previstas en el proyecto de renovación urbana del barrio, lejos de ser motivo de alegría para los vecinos que se acercaron al salón de plenos acabó convirtiéndose en una gran trifulca política y una decepción para los vecinos, que se vieron sumidos en una gran confusión.
El detonante lo puso el edil popular Vicente Granero cuando acusó al Ayuntamiento de plantear "un cambio a traición en el convenio del barrio de San Antón con la intención de paralizar el proyecto". Granero dijo que el equipo de gobierno remitió a finales de enero un escrito al IVVSA "para decir que es propietario de 7.424 metros cuadrados y reclamar el aprovechamiento urbanístico. Eso significa que quiera quedarse con 90 viviendas . El IVVSA ya ha dicho que la petición está fuera de lugar. Esto ha sido un engaño a los vecinos y ocultación de información a la comisión de Urbanismo. El concejal del área debería dimitir", señaló Granero ante el estupor de todos los presentes. Las palabras de Granero fueron reforzadas al acabar el pleno por la portavoz del PP, Mercedes Alonso, quien acusó al PSOE de "ser el que está impidiendo que empiecen las obras porque ha rechazado ya una petición de licencia tramitada por el IVVSA. Quieren sacar tajada de las necesidades de la gente. Es miserable y muy rastrero", dijo.
El concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, acusó al edil Granero y a los populares de "mentir descaradamente" y dijo que "lo que el Ayuntamiento ha hecho es notificar al IVVSA, como haría cualquier propietario afectado, lo que es de su propiedad, pero esto ni cambia ni altera para nada el proyecto para la construcción de viviendas. Lo único que estamos haciendo es pensar en el futuro para poder disponer de las dotaciones necesarias para el barrio, como un centro social o cualquier otra dotación pública. El problema aquí es otro: que la Generalitat no tiene dinero para las obras. Es mentira que el Ayuntamiento pida 90 viviendas y lo que el gerente del IVVSA hace es buscar la excusa para justificar sus propios incumplimientos", manifestó.
La portavoz de Compromís, Ángeles Candela, dijo que "no se ha cambiado ninguna norma. El Ayuntamiento lo que ha hecho es trasladar al IVVSA los derechos que tiene sobre unas determinadas parcelas y nada más. Una de esas parcelas, precisamente, es la que ocupa el centro social de San Antón que se va a derribar para que allí se construyan parte de las nuevas viviendas. Ese suelo es el que después necesitará el Ayuntamiento para disponer de un nuevo centro social o la dotación que se considere oportuna. Por eso el IVVSA pidió aumentar la edificabilidad en San Antón, para poder asumir la operación urbanística. Ustedes no pueden venir ahora confundiéndolo todo", esgrimió.
La edil de Compromís y el edil de Urbanismo calificaron de "vergonzosa" la acción política del PP. "Se está actuando conforme a lo que dice la ley. Primero hay que hacer un proyecto de reforma interior, después la reparcelación y en este punto es donde el Ayuntamiento tiene que manifestar cuáles son sus derechos. El Ayuntamiento no está reclamando viviendas, sino derechos urbanísticos sobre una propiedad que es municipal", apuntó. Ángeles Candela.
Por su parte, el popular Granero insistió en que "todo está acreditado en este documento (enseñó el informe del IVVSA) donde dice que el Ayuntamiento ha cambiado las condiciones de convenio que se firmó en octubre de 2008 y que se plantea una vulneración de las normas establecidas entre las tres administraciones (Ministerio del Interior, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento), por lo que estos señores nos tienen que explicar si quieren quedarse con noventa viviendas", afirmó señalando al grupo socialista.
El edil de Urbanismo, Alejandro Pérez, contestó que el Ayuntamiento no puede otorgar una licencia urbanística "si antes no se ha aprobado la ordenación urbanística, es decir, el plan especial de reforma interior que tiene que presentar la Generalitat". Y llegado a este punto, aunque Pérez dijo que no tenía intención de sacar a relucir nada, el concejal de Urbanismo mostraba un escrito dirigido al Ministerio de la Vivienda en el que la directora general de la Vivienda de la Generalitat Valenciana, certifica que, según el convenio suscrito, se ha realizado una inversión por importe de 1,9 millones de euros en el barrio con el fin de que el Ministerio le reporte dicha cantidad económica.
