La climatología está con los regantes. Más allá de políticas sobre agua, el arranque de una primavera lluviosa, tras un invierno ídem de lo mismo, hizo posible la pasada semana un trasvase de tal calibre que no se producía entre el Tajo y el Segura desde hacía cinco años. La comisión de explotación aprobaba el envío a Alicante y Murcia de 89,1 hectómetros cúbicos, de los que 60 pertenecen a los agricultores. Este trasvase, según el portavoz de la comunidad Riegos de Levante, Ángel Urbina, ha servido para "evitar la compra de agua de riego a Estremera y para cerrar los pozos de sequía que se habían abierto por las necesidades existentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura".

De esta manera, los regantes del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura no tendrán que abonar una cantidad cercana a los 6 millones de euros, que era lo que han pagado los comuneros de Alicante y Murcia, cada año durante los últimos tres, para comprar unos 30 hectómetros a la Comunidad de Estremera. Esta iniciativa de venta de agua para regadío entre agricultores, pionera en España, ha costado a los regantes casi 18 millones de euros desde 2006.

El trasvase ha posibilitado, desde hace un mes, un riego de 15 minutos por tahúlla a los 20.000 agricultores de Riegos de Levante, que representan una extensión total de 35.000 hectáreas. "A mediados de marzo se tomó la decisión de adelantar este riego ya que preveíamos un trasvase importante", explica Urbina.

La reserva de agua en la cabecera del Tajo, en los embalses de Buendía y Entrepeñas, sigue creciendo, y en la última semana se han captado 13 nuevos hectómetros cúbicos. Los citados embalses se encuentran al 24 por ciento de su capacidad. "Esperamos que la situación siga igual para el riego del tercer trimestre del año, que se aprobará en julio", apunta el portavoz de Riegos de Levante.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) admitía ayer a trámite el recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el envío de agua acordado por el Gobierno el pasado enero.

La decisión del Alto Tribunal indica que cualquier persona que "tenga interés legítimo" en sostener la legalidad del acuerdo de trasvasar el agua pueden personarse en las actuaciones judiciales como parte demandada. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se opone a la continuidad del Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura, suele recurrir ante los tribunales todos los trasvases que autoriza el Gobierno español.