El coordinador sectorial de la gestora del PP, Antonio Luis Martínez Pujalte, aseguró ayer que la concejala Ángeles Candela, socia de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, debe ser considerada como edil "no adscrita" y no de la coalición electoral "Compromís", por la que se presentó en las elecciones municipales, de acuerdo el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuyo párrafo primero se indica que "los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con la excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos".

El informe realizado por ocho abogados, un procurador y el propio Pujalte, todos ellos miembros de la comisión jurídica de la gestora del PP, se apoya en este artículo, que fue reformado el 16 de diciembre de 2003 como consecuencia del Pacto Antitransfuguismo.

Por ello, en el informe del PP se apunta que el grupo municipal "Compromís" debe quedar disuelto "al no contar con ningún concejal que lo integre" y Candela "no puede recibir, por tanto, la asignación económica que prevé el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local". Ángeles Candela, como se sabe, se presentó en las elecciones municipales con la coalición de EU-Bloc-Els Verds-Izquierda Republicana ("Compromís"), pero en enero del presente año, antes de las elecciones generales, la edil abandonó EU y se integró en el nuevo partido Iniciativa del Poble Valencià, escindido de Esquerra Unida.

Según Martínez Pujalte, el informe de la Secretaría del Ayuntamiento no ha tenido en cuenta el citado párrafo primero del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es, en opinión del PP, el que debe ser aplicado para resolver la situación de Candela en el Ayuntamiento. El PP reitera que el transfuguismo político se ha producido y Pujalte reclamó del alcalde que cumpla la legalidad y cese a Candela de todas las comisiones que tiene asignadas y las remuneraciones económicas que percibe por ello. Además, no descartó que puedan emprenderse acciones judiciales.