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as 18 familias de guardias civiles que se adjudicaron otras tantas viviendas de la nueva casa-cuartel de Elche, inaugurada 9 de enero por el director general de Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, están en la calle porque los pisos carecen de cédula de habitabilidad por que no se pueden contratar servicios básicos, como luz, agua o gas. La Comandancia de la Guardia Civil adjudicó días después de la inauguración las viviendas que, a día de hoy, no se pueden utilizar. Esta circunstancia ha sido descubierta por los propios guardias a los que se las han adjudicado y que pertenecen a la Compañía Puerto-Aeropuerto y a la 3ª Compañía de San Vicente del Raspeig. La Comandancia les entregó como único documento unos papeles de la compañía del gas y, al ir a contratar, Cegás les aseguró que no podían instalar porque no había ni certificados ni boletines de instalación. Ese día comenzó su pesadilla.

Los pisos carecen aún de cédula de habitabilidad por el sencillo motivo de que el edificio, construido por el Ayuntamiento de Elche y que ha costado 1,7 millones de euros con la intención de ser permutado por la parcela del antiguo cuartel del barrio de Altabix, se asienta sobre terrenos de particulares con los cuales aún se está negociando. Cerca de 600 metros cuadrados de los 3.500 de la parcela son propiedad de dos ilicitanos con los cuales el Ayuntamiento no comenzó a hablar hasta el pasado año, pese a que el convenio con el Ministerio del Interior se firmó el 26 de marzo de 2001 fijándose ya entonces la ubicación del mismo en la avenida de Santa Pola. El abogado de uno de los propietarios, Rafael Ramos, aseguró al diario que existe un principio de acuerdo, aunque no pudo precisar cuándo se producirá la transacción por ser una cuestión que en buena medida depende del Ayuntamiento.

Los agentes no sólo han descubierto durante los últimos días, y después de hacer mil gestiones, que no pueden utilizar sus pisos por la falta del gas y de otros servicios (Iberdrola y Aigües d'Elx también les han dicho que no pueden darles suministro); sino que existen diversas facturas sin pagar con empresas que fueron contratadas para las obras, casos por ejemplo de la firma que puso los ascensores o del instalador del gas. Según los afectados, a ambas se les adeudan importes que ascienden a 15.000 y 27.000 euros respectivamente, y que, al parecer, el Ayuntamiento está en trámites de pagar.

A pesar de ello, la primera de ellas ha presentado una reclamación contra la empresa que le contrató para los trabajos: CHC, que fue la adjudicataria que suspendió pagos el pasado año. Este asunto se encuentra en los juzgados de Murcia.

Colegios

Los guardias civiles, además, se han encontrado en una situación insólita porque han finiquitado sus contratos de alquiler o vendido sus viviendas y no pueden ocupar los nuevos pisos. Algunos han procedido a trasladar a ellos los muebles para no tener que depositarlos en un almacén y tener que correr con los lógicos gastos mientras se resuelve esta situación. Tampoco hay que olvidar que algunas familias tienen hijos en edad escolar a los que tienen que trasladar, o ya lo han hecho, a centros educativos de Elche y que desconocen cuándo podrán normalizar su situación por este impás.

Los servicios que presta el cuartel con siete agentes -la Intervención de Armas y el equipo del Seprona- desde diciembre, un mes antes de la inauguración, se siguen haciendo gracias a luz y agua de obra. La Comandancia ha conocido a través de los afectados la situación en la cual se encuentran pero nada puede hacer porque el convenio entre Ayuntamiento y la Dirección General de la Guardia Civil para la permuta de terrenos e instalaciones sigue sin ser firmado.