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ás de trescientas familias de Elche y comarca no pudieron hacer frente el pasado año a los créditos hipotecarios de los pisos que habían adquirido y vieron cómo eran demandados por los acreedores en los juzgados y las viviendas embargadas para su venta en pública subasta. La cifra de ejecuciones hipotecarias, que es el nombre que recibe este procedimiento, es la más alta de las registradas en los últimos años en el partido judicial del Baix Vinalopó y supone un salto cuantitativo que asusta si se compara con años anteriores. Los 312 procedimientos incoados durante 2007 suponen un 58 por ciento más que los de 2006, donde se presentaron 197, pero si se compara con 2005 se descubre que el incremento llega al 84 por ciento pues en ese año la cifra fue de 169 demandas, según datos del Consejo del Poder Judicial.

Todas las fuentes consultadas por el diario coinciden en que este espectacular incremento de ejecuciones hipotecarias ha seguido paralelo a otros dos fenómenos económicos. Por un lado, el aumento del negocio inmobiliario en los últimos años, donde el precio de la vivienda se ha multiplicado por dos pese a que se ha construido más que nunca y a la posterior precariedad del mercado laboral. "Muchas familias han adquirido viviendas que estaban por encima de sus posibilidades, con hipotecas que pensaban que podían soportar a cambio de vender su anterior piso", asegura un procurador con experiencia en estos asuntos. "Cuando el segundo sueldo de la familia ha desaparecido, el paro se ha acabado y el primer piso no se ha transmitido o se ha hecho por mucho menos, han llegado los problemas", añade.

Las 312 ejecuciones hipotecarias registradas en los juzgados de Elche son sólo la punta de lanza de un problema que seguirá creciendo en 2008. "Los bancos y cajas ya no quieren más inmovilizado (pisos); y antes de tener que instar este proceso, que no es agradable para nadie, los directores de las entidades apuran todas las opciones. Les dan las máximas facilidades. Pero si las ejecuciones hipotecarias han subido y de qué modo, y lo van a seguir haciendo, es porque no queda más alternativa que recuperar parte del dinero que se debe, en muchos casos y dar por concluido el asunto porque las familias están en quiebra", añaden secretarios judiciales.