La Audiencia Provincial ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ministerio Fiscal en contra de la absolución de los directivos del Elche tras declarar el juez fortuito el concurso de acreedores. El dictamen fue emitido por el Juzgado de lo Mercantil de Elche el pasado 14 de diciembre.
La Fiscalía considera, en contra del criterio del juez, que sí hubo responsabilidad de la directiva encabezada por José Sepulcre y en la que figuraba como secretario general Antonio Rocamora y como consejeros Francisco Sánchez, Toño García Hita, Jaime Oliver y Javier Vidal.
El fiscal basa su recurso en el retraso en la solicitud, ya que el club se encontraba en una situación de insolvencia al final de la temporada 2013-2014. Además, señala en el documento, al que ha tenido acceso este diario, que se han producido otras sentencias en casos similares, como el del Mallorca o el Lucentum de baloncesto, en las que el juez sí que declaró culpable el concurso.
Además, el Ministerio Público argumenta que en el fallo, «ni se menciona la falta del cumplimiento regular de las obligaciones tributarias durante año y medio y, sin embargo, posteriormente, sí que fue uno de los motivos de la solicitud».
La Fiscalía recuerda que el 5 de febrero de 2015 se solicitó por parte del Elche el 5 y el 8 de junio el concurso voluntario. Sin embargo, entiende que lo deberían haber pedido al final de la campaña 2013-2014, porque la sociedad ya estaba en una «clara situación de insolvencia, como así reconoció el auditor».
El fiscal también argumenta que el Elche tuvo durante las temporadas anteriores «un fuerte desbalances patrimonial». En concreto, sostiene que «el ejercicio 2013-2014 arrojó unas pérdidas de 6.157.303 euros», elevándose el patrimonio neto negativo a 13.954.301 y un fondo de maniobra, también rojo, de 27.750.635, lo que significaba «un indicio muy relevante de no poder cumplir con sus obligaciones».
La acusación lo compara con el caso del Lucentum, en el cual los gestores del club conocían que era necesaria la entrada en concurso y que el fondo de maniobra negativo, unido a los impagos con Hacienda, fueron los motivos por el que el mismo fue declarado culpable, un caso «exactamente extrapolable» al del Elche.
Por ello, «a la vista de la situación que describían las cuentas del ejercicio 2013-2014 -que se cerraron el 30 de septiembre de 2014- la solicitud del concurso era más que obligada o, por lo menos, pedir el pre-concurso», algo que no hicieron los gestores de la entidad franjiverde hasta el 5 de febrero de 2015.
En el dictamen del Ministerio Fiscal se señala que la causa de culpabilidad se sustenta en la «grandísima cantidad de acreedores que en verano de 2014 tenían sus créditos vencidos», que el Elche «se mostró incapacitado para atenderlos» y en una «importante deuda tributaria acumulada», que ya fue objeto de sanción por la LFP.
La Fiscalía también explica en su recurso que el club contaba con tres expedientes que fueron «omitidos» por parte de la entidad franjiverde. Y recuerda que el famoso crédito de 12 millones que negociaron Sepulcre y Rocamora no fue admitido en ningún momento por la Liga y que el propio Javier Gómez, director general de LFP, le dijo a Rocamora que «esa financiación no era fiable».
Según el fiscal, este cúmulo de circunstancias llevó el 31 de marzo de 2015 a que la Agencia Tributaria embargara y la Liga abriera el expediente que acabó con el descenso administrativo del 5 de junio de 2015 y que, a pesar de la posterior entrada de Juan Anguix en la presidencia y del famoso pagaré trucho, el presidente de LFP, Javier Tebas, dejó claro que el descenso se había producido por los tres expedientes acumulados y no por esa situación en concreto.
Piden 15 años y 10 millones
Por todo ello, la Fiscalía considera que el concurso se tenía que haber declarado culpable porque, si se hubiera llevado a cabo en 2014, el Elche no hubiera descendido.
En el recurso se solicita para José Sepulcre, Antonio Rocamora, José Antonio García Hita y Francisco Sánchez «la inhabilitación para administrar bienes ajenos durante 15 años, la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedor concursal o de la masa y les condena a devolver los bienes y derechos que hubiera obtenido e indemnizar al Elche con 10 millones de euros por los daños y perjuicios por el descenso administrativo».
A Jaime Oliver, cinco años y cinco millones; a Javier Vidal, dos años; y a la mercantil Aglomerados Los Serranos, a título de cómplice, «porque se favoreció de una hipoteca» del estadio Martínez Valero, «la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa y la condena a devolver los bienes y derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudo o hubiesen recibido de la masa activa».
