El consejo de administración del Elche recibió ayer, con gran satisfacción, el fallo de la sala octava de la Audiencia Provincial que ha desestimado el recurso presentado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la Agencia Tributaria en contra de la propuesta del convenio de acreedores, que aprobó el Juzgado Mercantil Número 3 de Elche, en enero de 2017 y que quedó paralizado ante la reclamación del banco del Consell.

El convenio incluía la capitalización, por compensación de deuda, de 15 millones de euros y fue recurrido por el brazo económico de la Generalitat Valenciana al considerar que era seriamente perjudicado porque para que se produjese un cambio de deuda por acciones tendría que llevarse a cabo una ampliación de capital que reduciría, de forma considerable, su porcentaje del 54% de los titulos que tiene pignorados a nombre de la Fundación y que es su principal garantía para cobrar los cerca de 12 millones impagados por el club ilicitano del préstamo de 14 que fue avalado en 2011 por la Generalitat Valenciana en la etapa del gobierno del Partido Popular.

Ahora, tras el fallo de la Audiencia Provincial, la causa vuelve al Juzgado de lo Mercantil de la Ciudad de la Justicia de Elche y el juez, José Luis Fortea debe ser quien levante la suspensión del convenio de acreedores y pueda seguir la hoja de ruta marcada en su aprobación en 2017. El consejo de administración está a la espera de que el juez se pronuncie, aunque considera que, tras el fallo de la Audiencia Provincial, el convenio ya está vigente.

Por ello, los dirigentes del club ilicitano tiene previsto convocar en breve una junta general de accionistas para el próximo mes en la que está prevista la aprobación de una ampliación de capital por valor de 15 millones, para que se pueda hacer efectivo la capitalización de deudas por acciones; y otra de 1,3 millones para, también, poder canjear por títulos el dinero que empresarios y aficionados aportaron, en una colecta de urgencia, en junio de 2015, después del descenso administrativo de Primera División cuando existió la amenaza de un nuevo descenso a Segunda B, que hubiera significado la liquidación de la entidad franjiverde.

El convenio de acreedores, aprobado por el Juzgado Mercantil Número 3 de Elche en enero de 2017, fue respaldado por 64 de los 98 acreedores del club, mientras que el resto (34) fueron incluidos en la quita del 65%, con dos años de carencia y cuyas deudas se tienen que comenzar a pagar a partir de este año. Ese acuerdo permitía reducir la deuda de club de unos 42 millones a unos 13.

Además, con la aprobación de este convenio, la mayoría de la capitalización va a ir a manos del expresidente José Sepulcre. El exdirigente franjiverde tiene el control sobre un 25% de los 15 millones a capitalizar, junto al grupo de otros exdirectivos como Antonio Rocamora, Francisco Sánchez y Juan Carlos Ramírez. Con este último, Sepulcre llegó a un acuerdo para comprarle la deuda y poderla capitalizar el dinero que al empresario vasco le debía el Elche. De esta forma, una vez que sea efectivo el cambio de las deudas por acciones y con las últimas ampliaciones de capital, Sepulcre tendrá, todavía, un mayor control sobre la entidad franjiverde y podría ser el dueño de más de 60% de las acciones del club ilicitano.

Recurso al Tribunal Supremo

Por su parte, el IVF no se va a quedar de brazos cruzados y su director general, Manuel Illueca, ya ha anunciado que tienen previsto recurrir ante el Tribunal Supremo este fallo de la Audiencia Provincial para no perder más porcentaje accionarial que le complican el cobro de los 12 millones que quedan pendientes.

Illueca ha mostrado su respeto a la decisión judicial, pero considera que el convenio de acreedores del Elche no se ajusta a derecho. Al mismo tiempo, el director general del banco del Consell lamenta que el gobierno anterior del Partido Popular en la Comunidad Valenciana realizase una financiación a los clubes de fútbol que no se iba a devolver como está sucediendo.