El Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva se está jugando su futuro más inmediato tanto en los terrenos de juego como en los juzgados. El club ilicitano está pendiente de tres sentencias que marcarán su viabilidad económica.

Unas resoluciones que van a condicionar, de forma decisiva, la llegada de un nuevo inversor a la entidad franjiverde, bien sea a través de la venta de las acciones que tiene como garantía el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que están sindicadas en la Fundación; o a través de los títulos que puede aglutinar el grupo que comanda el expresidente José Sepulcre, quien también aspira a hacerse con la mayoría del paquete accionarial para poder venderlo y recuperar el dinero invertido.

Ampliación de capital

Sepulcre pasaría a ser el accionista mayoritario

La primera de las resoluciones pendientes es sobre la ampliación de capital de 1,3 millones, que puede llegar hasta los 4,5, y que fue aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del pasado 25 de octubre con los votos favorables del 15,16% de los accionistas y la abstención del 55,16%.

El IVF presentó un recurso porque se consideraba perjudicado al pasar de tener el 54,74% del los títulos a quedarse con sólo el 37%, lo que complica la venta del crédito impagado por la entidad franjiverde del que queda amortizar cerca de 12 millones.

En caso de salir adelante la ampliación, que está prevista que sea asumida en buena parte por Sepulcre, el expresidente y su grupo pasarían a tener el control mayoritario de los títulos.

El pasado martes se produjo la valoración y deliberación de los jueces en la Audiencia Provincial y la sentencia está pendiente de hacerse pública. Podría llegar en apenas unos días o, incluso, alargarse varias semanas. En el club esperan que se produzca lo antes posible para poder hacer efectiva la ampliación de capital y que entre dinero en las arcas del Elche.

Convenio de acreedores

Reducción de la deuda ordinaria de 17 a 6 millones de euros

La segunda resolución que espera la entidad ilicitana es la calificación de responsabilidad del concurso de acreedores. El 21 de enero de 2017, el club sacó adelante el convenio con el que pretendía poner fin al concurso. El acuerdo fue aprobado con el respaldo de más del 65% necesario de los acreedores deuda ordinaria. En total unos 17 millones que deben tener una quita del 65% con dos años de carencia y a pagar en diez. En principio, a finales del próximo mes de enero se cumple el plazo de carencia, por lo que el Elche debería comenzar a abonar a principios de año los seis millones resultantes tras la quita.

Pero, al igual que sucede con la ampliación de capital, el Instituto Valenciano de Finanzas y la Abogacía del Estado presentaron un recurso alegando que el convenio de acreedores no contemplaba el pago de 4,1 millones de euros de la sanción impuesta por la Unión Europea. Este requerimiento de Bruselas viene argumentado por las supuestas ayudas ilegales que la entidad franjivede recibió a través de dos préstamos por valor de cerca de 16 millones de euros a un interés que Europa considera favorable y fuera de mercado.

Estos préstamos fueron avalados en su día por el Banco del Consell, bajo el gobierno del Partido Popular. Como el Elche no abonó la mayoría de esos créditos en la Unión Europea consideran que el responsable subsidiario es el brazo económico de la Generalitat Valenciana y, por ello, desde el IVF también se pidió al juzgado la suspensión del convenio por no incluir esa cantidad.

La sentencia de este caso que lleva el Juzgado Mercantil de Elche se podría alargar durante un año, aunque en el club ilicitano, al igual que sucede con la ampliación de capital, confían en que no se demore tanto para poder comenzar el calendario de pagos de las deudas con los acreedores ordinarios.

Sanción de Europa

4,1 millones que el club y el IVF esperan que no haya que abonar

Y la tercera resolución pendiente de senetencia es, precisamente, sobre la solicitud del Elche de la nulidad de esos 4,1 millones que la Sala 4 del Tribunal General de la Unión Europea consideró que tenían que pagar los clubes de fútbol o, en este caso, el IVF como firmantes del aval de los créditos. En un principio se concedió la suspensión cautelar, que sigue en vigor, y el próximo 15 de enero está fechada la vista en Bruselas.

En este caso sí que van de la mano tanto el club ilicitano como el IVF y las dos partes, a diferencias de los dos conflictos anteriores, consideran que ese dinero no hay que pagarlo a la Unión Europea porque los préstamos se realizaron de manera correcta y con arreglo a la situación del mercado en 2011.