Los problemas se acumulan

En poco más de una semana, los dirigentes, que hasta ahora habían salido airosos de sus litigios judiciales, han visto cómo la Audiencia Provincial le ha dado dos varapalos importantes que frenan en seco la hoja de ruta que tenían trazada.

Primero fue la suspensión cautelar de la ampliación de capital para poder cambiar deuda por acciones, que obligó a suspender la Junta Extraordinaria de Accionistas, prevista para el pasado lunes.

Y por si fuera poco, el martes recibieron la noticia de la decisión de la Audiencia Provincial de revocar la sentencia del juzgado de lo Mercantil que obliga a pagar a Eventos Petxina 1,5 millones del 50% del traspaso de jugadores durante ocho años, que en su día firmó el expresidente José Sepulcre a cambio de recibir 800.000 euros para oxigenar las arcas del club.

Esta sentencia ha provocado una inquietud importante en el seno del consejo porque pone en peligro la economía del club. Los dirigentes tienen previsto recurrir ante el Tribunal Supremo y tienen 20 días por delante para poder hacerlo.

Otra opción es alcanzar un acuerdo extrajudicial para romper ese contrato con Petxina -en el documento figura que se puede llevar a cabo a cambio de 3 millones de euros- pero parece una utopía que ambas partes se pongan de acuerdo.

De hecho, Basilio López, administrador único de la mercantil valenciana, tiene previsto enviar en los próximos días un burofax al Elche para ejecutar de manera provisional la sentencia y, de esa forma, asegurarse el pago.

Eventos Petxina tendría la posibilidad de canjear la deuda por acciones en una futura ampliación de capital, que le dejaría en una situación privilegiada en el accionariado, pero parece poco probable que la empresa de València opte por esa decisión. No obstante, los abogados de Petxina están estudiando todas las alternativas posibles.

Mientras tanto, el consejo de administración del club ilicitano se encuentra entre la espada y la pared porque los planes no le están saliendo como esperaban y tienen que afrontar pagos importantes, o en su defecto avalar, para que el Elche tenga una viabilidad económica.

De entrada está la deuda de 9,3 millones con Hacienda y la Seguridad Social, considerada como crédito privilegiado. Según fuentes de la entidad ya se ha pagado cerca de un millón de euros, que podría corresponder al 10% que había que hacer frente en septiembre cuando se firmase el acuerdo. Posteriormente hay que abonar dos plazos anuales de 250.000 euros cada uno estando en Segunda B y de 500.000 si el equipo milita en Segunda.

Además, otro pago obligado son los 250.000 euros a los bancos correspondientes a la hipoteca de los bajos comerciales del estadio Martínez Valero.

Junto a esos créditos privilegiados tienen por delante los 4,1 millones de la Comisión Europea, que cuando salga la sentencia definitiva, se tiene que abonar de forma efectiva; sin olvidar los 14 millones del crédito impagado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Una situación que pone contra las cuerdas a los dirigentes, aunque el presidente, Diego García, siempre se ha mostrado optimista y ha llegado a comentar en más de una ocasión que intentarán sacar el dinero de debajo de las piedras.

Mientras tanto, la ampliación de capital de 17 millones de euros está paralizada y la resolución definitiva va para largo.

El consejo de administración también está luchando para intentar cobrar los 2,1 millones de ayuda al descenso, pero la ley marca que hasta que el convenio de acreedores no sea definitivo -está pendiente de la ampliación- no se puede pagar.

Con estos parámetros, a los directivos del Elche sólo les quedan dos opciones: o rascarse el bolsillo y aportar dinero para hacer frente a los pagos o sacarse algún conejo de la chistera para alcanzar una solución. Algo que está difícil porque su relación con el IVF y con Petxina no es la deseada.

Mientras tanto, en el aspecto deportivo, por lo menos, el equipo está funcionando y ha ilusionado a la afición. Menos mal.