El Elche fue sancionado el pasado viernes por el Juez Único de la Liga de Fútbol Profesional, por no conseguir el certificado positivo de Hacienda, con el descenso administrativo a Segunda División. La culpa la tienen 3,6 millones, la deuda inaplazable, con la AEAT.

La fórmula de pago elegida por Juan Anguix y su consejo no fue la que deseaba la Liga, y a través de Manuel Rivero Garrido castigó al club ilicitano con la pérdida de categoría amparándose en una norma de 1990. Además, por ese motivo, la multa fue de 180.000 euros.

Sorprende que, por una cantidad sumamente pequeña, comparado con las deudas que otros equipos de las Ligas BBVA y Adelante tienen con la Agencia Tributaria, el desaguisado que se produce en el Elche sea tan grande. Los propios dirigentes de la entidad ilicitana la califican de desmesura y no dudan en afirmar que es «un intento de matar al Elche porque nos cortan todas las vías de financiación».

La entidad ilicitana dejó de pagar 3,6 millones, que espera abonar a lo largo de esta mañana en Hacienda, mientras que el quebranto patrimonial que va a sufrir la entidad si al final no recupera la categoría en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) o en la justicia ordinaria, supera los 50 millones de euros.

Para empezar, el Elche CF se quedaría sin los derechos de televisión que la próxima campaña serán cercanos a los 28 millones.

A esa cantidad hay que unir los ingresos por las quinielas, que también sufrirían un importante bajón, así como lo de las ventas de merchandising, abonos y taquillas.

Tampoco hay que olvidar, que no se recibiría la prima del descenso, de seis millones, que reciben todos los clubes que pierden la categoría en los terrenos de juego. Cuando se baja en los despachos esa ayuda desaparece. «No podemos ayudar al descenso cuando hay una negligencia de los directivos. El daño que causan los equipos que compiten de forma desleal, al no pagar deudas ni jugadores, es muy alto», insiste Javier Tebas, presidente de la Liga, cuando se le pregunta por el tema en cuestión.

No hay que obviar que en caso de descenso administrativo, los futbolistas de la plantilla franjiverde pierden mucho valor y el dinero que podría llegar por la cláusula de salida de Jonathas, por ejemplo, quedaría muy disminuido. Hace unas semanas su representantes ofrecieron 1,5 millones por su carta de libertad y el Elche los rechazó. Ahora, el brasileño se iría de forma más sencilla. Pasa lo mismo con Fran Escribá, cuya cláusula de rescisión es de un millón de euros. En suma, una sanción sumamente desproporcionada que deja al club sin apenas vías de financiación y que puede condenarlo a la desaparición, dadas las deudas que arrastra con la plantilla.