La Plataforma «Salvemos al Elche» presentó ayer en el juzgado de guardia de Elche una querella contra José Sepulcre y el resto de consejeros y miembros de la Fundación que firmaron el presupuesto 2013-2014 por presuntos delitos societarios, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda pública y pertenencia a organización o grupo criminal. «Salvemos al Elche CF» considera que existen indicios para que su actuación judicial prospere y unen a la causa los nombres de Juan Carlos Ramírez Castro y Tomás Alvarado Lozano. Han dejado fuera de la querella a aquellos consejeros que no votaron a favor de los citados presupuestos, como Juan Anguix y Daniel Rubio. En suma, la querella va dirigida contra José Sepulcre, Antonio Rocamora, Toño García Hita, Jaime Oliver, Paco Sánchez, Javier Vidal, Anselmo Navarro, Juan Contreras, Vicente Javaloyes, Juan Irles y Vicente Abadía.

Los querellantes alegan que los dirigentes del club ilicitano han causado un grave perjuicio económico y societario, basándose en los informes realizados por la Liga de Fútbol Profesional, a través de la auditoría BDO Auditores SL, así como de la auditoría llevada a cabo por la empresa PriceWaterhouseCoopers.

Entienden que existe un desvio de 1.845.470,50 euros de los 14.000.000 de euros prestados por el Instituto Valenciano a la Fundación del Elche CF a empresas relacionadas con miembros que pertenecieron al consejo o están en él, como Juan Carlos Ramírez, Antonio Rocamora y Tomás Alvarado. El uso del dinero no corresponde con lo estipulado en los avales marcados por el ente autonómico en el momento de realizar el préstamo. Además, hay un uso de 114.715,78 euros para otros gastos del club.

Por otra parte, la auditoría realizada por PwC fija las deudas contraídas entre mercantiles asociadas a la figura de Juan Carlos Ramírez y el Elche CF en 5.251.373,37 euros. La deuda pactada y reflejada en el contrato de salida del empresario vasco del Martínez Valero se marca en 5.960.000 euros lo cual supone para la plataforma un incremento no justificado de 708.626,63 euros. Además la querella recoge facturas a cargo de mercantiles en las que figura Juan Carlos Ramírez como administrador único y que no se corresponden con la existencia de cualquier tipo de contrato.

Aseguran que Juan Carlos Ramírez percibió 466.000 euros sin justificar por las transacciones y cambios de titularidad en el mercadillo del parking del estadio Martínez Valero, en el que figura el presidente del Elche CF, José Sepulcre, como uno de los beneficiarios del mismo.

Afirman, en relación al caso Wakaso, que el Elche CF realizó una facturación con la mercantil Desgrachouski Sport SL, empresa que vendió al jugador al Villarreal CF por valor de 1.180.000 euros, que posteriormente se rescindió desapareciendo de la contabilidad. Además, no se registra un supuesto abono de 950.000 euros, así como tampoco la factura correspondiente, y sólo consta una entrada de 50.000 euros en lugar del 1.180.000 euros inicialmente facturado. En relación a las obras del Martínez Valero, dicen en la querella que el presupuesto inicial marcado y aprobado ascendió a 2.700.000 euros pero se produjo un gasto injustificado de 7.300.000 euros de más hasta alcanzar los 10.000.000 de euros. Las obras del estadio fueron subcontratadas a través de una empresa titularidad del consejero Paco Sánchez.

Finalmente, se considera como negligencia en la gestión los gastos cercano al millón de euros ocasionados por los cuatro meses de negociación para conseguir un préstamos de 20,5 millones de euros que no ha llegado a la entidad.