Los empresarios de la Comunidad Valenciana rechazan la opa del BBVA al Sabadell

Los empresarios de la Comunidad Valenciana se suman a las voces que rechazan la opa hostil que ha lanzado el BBVA para hacerse con la totalidad del Sabadell al considerar que restringiría "todavía más" la competencia en el sector financiero, además de suponer un perjuicio para Alicante por la pérdida de la sede social de este último banco.

Así lo ha señalado este jueves la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), que se suma de esta forma a las críticas que también ha lanzado la patronal catalana Foment del Treball.

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Tras dejar claro su "respeto" a la libertad de empresa y señalar que la operación cumpliría con los requisitos legales, la organización presidida por Salvador Navarro señala que la fusión "restringiría todavía más el abanico de posibilidades de financiación de las empresas de la Comunidad Valenciana".

Así, a través de un comunicado, la CEV recuerda que "la concentración del sector bancario en España ya es muy elevada. Los cuatro primeros bancos ya acaparan el 70% de ciertos segmentos financieros, como el mercado de depósitos y cuentas, y, de hacerse efectiva esta operación, quedarían en manos de únicamente tres bancos".

En este sentido, considera que la operación elevaría aún más "la concentración en la oferta de crédito y prestación de servicios financieros a empresas y ciudadanos", y supondría "un severo reajuste de entidades, oficinas y, en definitiva, de la oferta de crédito y financiación a nivel territorial".

Además, destaca que la integración del Sabadell en BBVA "también iría en perjuicio de Alicante por la pérdida de la sede social de la entidad, que cuenta con gran arraigo en el territorio, y, por tanto, de la sensibilidad manifiesta de la entidad con el tejido productivo y social".

En la misma línea, Navarro también recordaba esta mañana, en conversación con este diario, que un 19% de los accionistas del Sabadell son de la Comunidad Valenciana, por lo que serán claves para decidir el futuro de la fusión. Buena parte de estos accionistas son los antiguos tenedores de preferentes y deuda subordinada de la CAM, a los que el banco canjeó estos títulos por acciones en julio de 2012.

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Además de la sede social, el Sabadell también mantiene en Alicante dos centros corporativos –en el polígono de Agua Amarga y la antigua sede de la CAM en la avenida de Óscar Esplá- en los que trabajan más de 500 personas, que se suman a otro millar que trabaja en la red de sucursales de la entidad.

Por su parte de la patronal hotelera, Hosbec su secretaría general Mayte García ha lamentado que la situación se tense más y se ha mostrado expectante ante el comportamiento de los accionistas. "Ahora los accionistas son los que deberán hacer los cálculos de qué le conviene más. Por nuestra parte, estamos a la expectativa". Además ha asegurado que "estarán atentos para ver cómo evoluciona la situación. Y sobre todo expectantes por cómo puede afectar al banco alicantino, a su sede y representatividad" en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana.

Entre las reacciones contrarias a la operación, también está Uepal. Su presidente César Quintanilla ha asegurado que "si la opa amistosa ya era una mala noticia, aún lo es más la hostil". "Desde el total respeto a las decisiones empresariales, creo que económica y provincialmente es negativo, como tambié lo es para el empleo. Las entidades financieras tienen que estar saneadas y ser competentes y consideramos que ambos lo son por separado". Respecto al tiempo que se abre decisorio par los accionistas, y donde los alicantinos tienen, según estimaciones un 19 % del accionariado, Quintanilla ha pedido que "tengan en cuenta la relación con el territorio".

Para el sector inmobiliario y de la construcción, "es fundamental disponer de un sistema financiero competitivo, saneado y, sobre todo, accesible. La concentración de entidades bancarias se traduce en una reducción de la oferta y, por lo tanto, en peores condiciones de acceso al crédito", ha subrayado el secretario general de Provia, Jesualdo Ros. "Esto afecta a la financiación de proyectos, pero también a los particulares que tienen en el crédito hipotecario la vía más común de adquisición de su vivienda". En el caso del BBVA y el Sabadell, "comenzamos a ver que estamos hablando de una absorción pura y dura". El responsable de Provia ha añadido que "plantear una absorción a través de un opa hostil genera tensiones que tienen efectos en el sistema financiero de nuestro país y, por lo tanto, en la confianza y credibilidad que transmiten al resto de sectores productivos, también en el inmobiliario".

En esta misma línea, se ha manifestado Avecal. Desde la asociación del calzado de la Comunidad Valenciana, su presidenta Marian Cano, ha recordado la importancia de contar con una sede en la provincia alicantina; pero también considera vital para el sector "tener un mayor número de entidades bancarias" y que exista competencia que apoye a las pymes.

Desde el textil, Pepe Serna ha añadido que "la complejidad de una opa hostil es considerable e implica una participación de accionistas". El presidente de Ateval considera que "pensando en los posibles beneficios, la fusión puede reducir la masa crediticia para las pymes del territorio, muchas de las cuales trabajan con el Sabadell, con lo que se pierde interlocución. Serna ha recordado que "llueve sobre mojado" en referencia al choque de la absorción de la entidad catalana con la antigua CAM.

Unión sindical intrabancaria

 En el ámbito sindical, UGT ha remitido una comunicado de sus secciones con representación en los dos entidades y han avanzado que se están trabajando juntos para la mejor defensa de los intereses de ambas plantillas. El sindicato ha querido, también, lanzar un mensaje de "tranquilidad a toda la plantilla". En un entorno que los representantes sindicales han calificado de "incierto", UGT ha defendido "la importancia de cerrar un convenio colectivo de banca en breve que refleje una subida salarial real, sin compensación, ni absorción y de acuerdo con IPC".

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En su opinión, este avance "ofrecería un marco legal de mínimos para afrontar con garantías cualquier cambio empresarial resultante de este proceso". El sindicato ha advertido que "no permitiremos que las plantillas sean el coste de esta operación. No aceptaremos medidas forzosas. Ambas entidades acaban de presentar unos beneficios récords en 2023 y el primer trimestre del 2024. No hay excusas".