El gasto en pensiones marca un nuevo récord en Alicante con más de 347 millones mensuales

El gasto en pensiones no deja de crecer en la provincia y marca un nuevo récord mes tras mes, impulsado tanto por el aumento del número de beneficiarios, como por el mayor importe de las prestaciones que, eso sí, siguen por debajo de la media nacional. De acuerdo con los últimos oficiales, la nómina que abona mensualmente la Seguridad Social en Alicante ha superado este mes de septiembre por primera vez los 347 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4% en tan solo un año.

Una subida incluso superior a la registrada en el conjunto del país, donde la factura de las prestaciones contributivas se ha disparado también un 10,9%, hasta alcanzar el récord de 12.051 millones mensuales.

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Lo que explica esta evolución es, por un lado, el considerable aumento del número de pensiones, que ya alcanzan las 335.562 en la provincia, 5.615 más que hace 12 meses. Un crecimiento que se debe al cada vez mayor número de personas que alcanzan la jubilación –sobre todo, ante la llegada a la edad del retiro de las generaciones del 'baby boom'-, pero también a la mayor esperanza de vida de la población, lo que significa que los pensionistas están más tiempo recibiendo su paga.

Por otro lado, el gasto total también se ha visto afectado por el mayor importe de las prestaciones. De esta forma, la pensión media de todas las categorías en la provincia alcanza ya los 1.035 euros, un 9,5% más que en agosto de 2022, gracias a la decisión del Gobierno de revalorizarlas de acuerdo con el IPC –que cerró con una media del 8,5%- y a que las nuevas prestaciones son más elevadas.

Eso sí, a pesar de esta subida, los pensionistas alicantinos siguen cobrando de media un 13,4% menos que el conjunto de españoles, lo que se traduce en cerca de 160 euros al mes.

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Por tipos, las pensiones más elevadas son las de jubilación, con una media de 1.174 euros en Alicante; seguidas por las de incapacidad permanente, con 1.016 euros; las de viudedad, con 769; las prestaciones a favor de familiares, que suponen 668 euros al mes; y las de orfandad, con 422 euros.

Déficit

Esta fuerte subida de la nómina mensual de la pensiones ha provocado que el déficit que la Seguridad Social presenta en la provincia –es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos que registra en la zona- se haya agrandado en este año. Y eso a pesar de que la buena marcha del empleo también ha elevado considerablemente la recaudación en cotizaciones. Así, en los siete primeros meses del año –los últimos datos disponibles- el organismo público ingresó en la provincia hasta 1.734 millones de euros, principalmente por las retenciones que se aplican en las nóminas y los pagos de los autónomos, lo que supone 162 millones más que en el mismo periodo de 2022.

Sin embargo, el total de gastos de la Seguridad Social en la zona ascendió a 3.020 millones -309 millones más que entre enero y julio del ejercicio anterior-, por lo que el déficit alcanzó los 1.286 millones, 147 más que hace un año.  

A pesar de las cifras, la secretaria general de UGT en l'Alacantí i la Marina, Yolanda Díaz, defiende la viabilidad del sistema público de pensiones y aboga por dejar que empiece a surtir efecto la última reforma consensuada por Gobierno con los sindicatos, que eleva las bases máximas de cotización y establece una cuota de solidaridad para los salarios más elevados.

Por su parte, el secretario general de CC OO en l'Alacantí i les Marines, Francisco García, reconoce su preocupación por la evolución de las cifras, pero defiende la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ante la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas que, como recuerda, suponen una parte cada vez más importante del consumo y, por tanto de la actividad económica. Además, frente a los abogan por sistemas mixtos, García recuerda que, para poder realizar aportaciones a planes privados, los trabajadores deberían poder ahorrar, algo que la mayoría de salarios actuales no permite. Por eso reclama un debate sosegado y no ve con malos ojos que una parte mayor de las pensiones se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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Más escépticos se muestran algunos expertos, como el profesor de Derecho del Trabajo de la UMH, Pedro Pablo Ortuño, que considera que todas las medidas adoptadas hasta ahora para contener el déficit de la Seguridad Social han fracasado y alerta sobre la falta de sostenibilidad del sistema actual, que, recuerda, se diseñó cuando la pirámide poblacional era otra y la proporción de trabajadores en activo en relación con la cifra de pensionistas era mucho más elevada. Ortuño también advierte de las consecuencias de sufragar las pensiones con los Presupuestos, ya que, según señala, esto supondrá detraer esos recursos de otros servicios públicos.

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