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13.200 hogares con parados viven de la pensión de un jubilado

El aumento del desempleo en la provincia por el impacto del covid eleva un 45% la cifra de viviendas con personas sin trabajo donde el referente económico es un pensionista

Imagen de archivo de dos personas haciendo la compra en el mercado. I. R.

Una situación parecida a la de la anterior recesión económica iniciada en 2008 es la que están evidenciando las últimas estadísticas laborales y sociales de la provincia por el impacto negativo de la crisis del coronavirus. Las últimas reflejan un importante repunte de los hogares donde alguno de sus miembros está en paro y tienen que salir adelante con la pensión del abuelo o la abuela.

Entre abril y junio, en pleno estado de alarma por el covid-19, las familias que se encontraban en esta situación ascendían a 13.200. Una cifra que representa un destacado aumento del 45% con respecto al primer trimestre del año, cuando la pandemia tan solo había dado sus primeros zarpazos. Entonces, ya había 9.100 viviendas en la provincia sobreviviendo con la prestación de un familiar. Y eso que las pensiones en Alicante no suelen ser de las más altas de España. De hecho, actualmente, la media mensual provincial se sitúa en los 875,61 euros, por debajo del promedio estatal de 1.011 euros y del autonómico de 932,29 euros.

Una situación que se agrava

Y con esta cuantía muchos pensionistas alicantinos tienen que pagar sus gastos, además de sufragar los de la comida, préstamos o costes básicos de los familiares que viven en su casa y están desempleados. Una situación que se ha agravado en los últimos meses, coincidiendo con la crisis sanitaria que, además, ha disparado las cifras del desempleo por el parón de la actividad económica y sus consecuencias en el empleo. María, de 42 años, se teme que si en los próximos días no le confirman la contratación para cuidar a una persona mayor, «tendré que pedir ayuda económica a mis padres o a mis suegros», ya que se le ha agotado el paro y la prestación por desempleo de su pareja vence mañana.

Desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, «se han producido despidos individuales, pero, sobre todo, muchos trabajadores de la provincia se fueron y siguen estando en el paro al estar afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)», según advierte la secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina, Yaissel Sánchez. Precisamente, la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre del año (entre abril y junio) arrojaba unos de los datos más alarmantes de esta estadística en la provincia.

En solo tres meses, en Alicante se habían destruido 59.200 empleos por el impacto de la pandemia. El número de ocupados pasaba de los 701.600 del anterior trimestre (enero y marzo) hasta los 760.800. Además, este incremento es también preocupante, dado que se asemeja al de los meses de abril a junio de 2012, cuando la cifra de hogares con varios miembros sin trabajo que dependían de la pensión de un familiar era de 13.500. Pese a ello, este dato no es el más elevado desde la crisis de 2008. Ya en el segundo semestre de los años 2013 y 2017, los hogares alicantinos donde la referencia económica era el perceptor de una prestación por jubilación superaba la cifra de 19.000.

Gastos de comida o hipoteca

Son parados que han tenido que volver a la casa familiar, pero «hay otros muchos pensionistas que, aunque nuestros hijos no estén viviendo con nosotros, tenemos que apoyarlos haciéndoles la compra o pagándoles la hipoteca de la vivienda porque sus ingresos son insuficientes o están sin trabajo», advierte un jubilado alicantino que prefiere no dar su nombre.

Antonio, de 67 años, dedica parte de su pensión a mantener a una hija de 29 años, que hace 18 meses se quedó sin empleo y, pese a estar emancipada, tanto su pareja como ella tuvieron que volver a vivir al hogar de sus padres «al no poder pagar el alquiler de la casa», cuenta Antonio. Su pensión supera la media de la provincia, al ser de 1.300 euros, pero, aun así, ha tenido que renunciar a algunos gastos para poder llegar a fin de mes. Desde entonces, ha suspendido sus estancias de verano con su mujer en la provincia de Ávila, donde nació y tiene familia.

Al margen de la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, aprobada por el Gobierno de Rajoy, los sindicatos consideran que una de las asignaturas pendientes son los «empleos y salarios dignos para que nuestros jóvenes no sigan tardando tanto en incorporarse al mercado de trabajo, puedan tener estabilidad, emanciparse y no tengan que depender de la prestación del abuelo», destaca Yaissel Sánchez, de UGT.

Jóvenes emancipados que regresan a casa de sus padres al estar en paro

Algunas parejas se ven obligadas a marcharse con sus respectivas familias al no poder mantener los gastos por carecer de empleo

Antonio trabajaba como conductor de autobús y se jubiló hace unos años. A sus 67, con la hipoteca pagada y junto a su mujer, vivía de una pensión de 1.300 euros. Admite que es superior a la media provincial, pero desde hace año y medio tiene que «dar de comer a tres bocas y los gastos de esas tres personas». Su hija, de 29 años, volvió a su casa al quedarse sin trabajo. Estaba emancipada. Vivía de alquiler con su novio, «pero al estar desempleada, los ingresos no les llegaban para pagar la cuota del piso y tuvieron que regresar cada uno a la casa de sus padres», cuenta este jubilado.

No le pesa mantener a su hija y le apoya cuando se desanima al no encontrar empleo. Le paga la comida, los gastos de la moto, el coche, la gasolina, el móvil, internet... Ella está pendiente de un contrato, pero, aun así, no podrá volver a vivir con su novio. «Es una ocupación de 16 horas a la semana. Cobrará 320 euros brutos al mes. Y con eso no puede volver a independizarse», señala Antonio, quien también cuida de sus dos nietos pequeños.

María, de 42 años, está en paro y tiene un hijo de cuatro. Durante la pandemia se le acabó el empleo que tenía y donde llevaba apenas dos meses. «Y para percibir un subsidio de 107 euros durante cuatro meses por el último trabajo, me ha costado mucho acumular la cotización, ya que en su día agoté la ayuda del paro. He trabajado casi siempre con contratos cortos en fábricas, panaderías, de dependienta. En lo que salía», relata María, cuya pareja también está sin trabajo «y se le acaba mañana la prestación».

Ella está pendiente de firmar un contrato para cuidar a una persona mayor. «Si no me sale, tendrán que ayudarnos mis padres o mis suegros». La pareja vive en la casa de un familiar. Se da la circunstancia de que María colabora con una plataforma social llevando comida a hogares vulnerables. «Y, ahora, puede que yo también tenga que pedir ayuda», lamenta María.

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