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La Generalitat elimina trabas para que la banca abra cajeros en 124 pueblos

La Administración permite que funcionen solo con tarjeta y que las entidades no tengan personal

Una mujer saca dinero de un cajero de València, en una imagen de archivo. m. a. montesinos

La Generalitat Valenciana ha eliminado trabas para que la banca abra cajeros en 124 pueblos que se encuentran en áreas despobladas. El Consell permite a las entidades que no tengan personal en las poblaciones y atiendan por videoconferencia y que los cajeros funcionen solo con tarjeta (hasta ahora se requería que también pudieran utilizarse con libreta). Además, los bancos van a poder optar a instalar los cajeros en las cuatro zonas en las que se ha dividido la Comunidad Valenciana y no solo en dos. El Consell confía en que su plan para incentivar la instalación de cajeros en zonas despobladas dé sus frutos a finales de año. El objetivo es que los bancos habiliten 135 cajeros (58 en Valencia, 53 en Castellón y 24 en Alicante) en poblaciones que ahora carecen de servicio.

La Administración se ha visto obligada a actuar ante la falta de interés de las entidades financieras. A los bancos les dejó de resultar rentable tener un cajero en zonas de baja densidad de población. Para que den servicio, la Generalitat se ha visto obligada a trazar un plan de incentivos. La primera concesión fue cancelada ya que estaba a punto de quedar desierta y ahora la Generalitat ha mejorado las condiciones. «La prioridad del Consell es poner en marcha cuanto antes la iniciativa en beneficio de los municipios pequeños de zonas despobladas, que sufren el problema de la exclusión financiera», señalan desde la Administración.

La Generalitat ha flexibilizado ahora condiciones como el modelo de cajero, que será el que tenga homologado e instalado en sus oficinas cada entidad.

El primer concurso se vio perjudicado porque el decreto se publicó el 5 de marzo y diez días después entró en vigor el estado de alarma. Además, algunos requisitos como la obligación de que los bancos prestaran servicio presencial al menos cincuenta horas al año no acababan de convencer a las entidades. Por ello, el Consell ha rectificado para que la adjudicación no quede desierta y haya que empezar de cero.

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