«Somos una empresa que ya va por la tercera generación y nunca habíamos visto tan cerca el riesgo de cerrar». Las palabras del empresario Cristóbal Valdés ilustran el principal temor del sector del transporte discrecional de viajeros ante la situación provocada por la expansión del covid-19, y que llevó a que ayer alrededor de medio centenar de autocares colapsaran el tráfico del centro de Alicante durante unas dos horas para visibilizar las dificultades por las que atraviesan. Una protesta que se desarrolló de forma simultánea en una treintena de ciudades españolas.
Al contrario de lo que ocurre con las líneas regulares, generalmente gestionadas por grandes empresas, este segmento del negocio está formado en su mayoría por pymes familiares, que se dedican a realizar las rutas de transporte escolar, excursiones, traslados de turistas o servicios para eventos. Unas actividades que, con el decreto del estado de alarma, quedaron completamente paralizadas y, lo que es peor, sin visos de que se recuperen a corto plazo. «Se está hablando de que este año el turismo nacional puede salvar la temporada, pero, en nuestro caso, eso no nos solucionada nada, porque estos visitantes vienen en sus propios coches y no utilizan nuestros servicios», apuntó ayer Blanca Francés, presidenta de la asociación Gestión de Transporte de Viajeros (GTV), una de las organizaciones que han participado en la movilización, convocada por Direbús.
El gran problema para la mayoría de estas empresas son los «leasing» con los que financian unos vehículos que pueden costar hasta 300.000 euros. «Tenemos que seguir pagando entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por cada autobús, a pesar que tenemos cero ingresos», explicó la portavoz sectorial. Por eso, las compañías de transporte piden una moratoria, que les permita trasladar al final de la vida del crédito los pagos que deberían abonar durante estos meses sin actividad. Además, reclaman que los ERTE se prolonguen, en su caso, hasta marzo del año que viene, cuando arranque la nueva temporada alta, ya que la actual la dan por perdida. Igualmente, insisten en la necesidad de flexibilizar los rescates de trabajadores de los ERTE, para poder atender los servicios puntuales que surjan, sin que esto les obligue a hacer frente a una parte de la Seguridad Social de toda la plantilla.
«No pedimos nada que cueste dinero, sólo medidas que nos permitan mantener a las empresas en estado de hibernación y a los trabajadores protegidos durante el tiempo que sea necesario hasta que vuelva la actividad», insistió Francés, que se encargó de leer el manifiesto que puso fin a la protesta y que, posteriormente, entregaron a la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador. De lo contrario, los convocantes estiman que en los próximos meses podrían verse abocadas a la quiebra alrededor de la mitad de las compañías que conforman este sector, unas 90 en el caso de la provincia de Alicante.
