El Gobierno prevé lanzar este año las primeras subastas subastas renovables que permite al consumidor eléctrico aprovecharse del precio más barato de estas tecnologías y no descarta ser más ambicioso de inicio en sus objetivos de desarrollo de proyectos 'verdes' para ayudar a la recuperación económica ante la crisis por la pandemia del Covid-19.

Los anteriores textos de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Ejecutivo contemplaban explícitamente un objetivo de un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales de licitación hasta 2030, con el reto de alcanzar las metas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sin embargo el texto que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes no recoge ya una cifra definida de objetivo anual.

Fuentes gubernamentales indicaron que el hecho de que el texto no introduzca un número concreto de MW a desarrollar se debe a una decisión jurídica, ya que el dictamen del Consejo de Estado recomendaba no adoptar unos objetivos definidos en una norma muy a largo plazo, debido a que no tiene sentido blindar en una ley un número que se puede modificar en función de la realidades en cada momento.

No obstante, la 'hoja de ruta' del gabinete dirigido por Teresa Ribera pasa por lanzar ya en este año 2020 subastas de renovables, que serían las primeras en España desde 2017, e incluso, llevar a cabo "un esfuerzo inicial" en estos primeros años de la década para contribuir a la recuperación económica tras la crisis por la pandemia del coronavirus.

Para ello, se definirá un nuevo modelo de subastas, que actualice el que está vigente todavía y que ha quedado desfasado, ya que se diseñó en un momento en que las renovables eran más caras que las alternativas fósiles.

Este nuevo mecanismo tendrá por objetivo permitir que el consumidor se aproveche de forma directa del precio más barato de las renovables, definiendo un marco de subastas más simple y comprensible, parecido al de países del entorno, y dejando atrás las llamadas primas, por lo que se recibirá un precio estable a largo plazo y que la mayoría del tiempo va a estar por debajo del precio del mercado, señalaron las mismas fuentes.

Así, estimaron que, después de estas semanas y meses de una situación excepcional (por la crisis del Covid-19), cuando se vuelva a los precios estructurales el nuevo mecanismo de subastas permitirá al consumidor ahorrar dinero y dará al sector una visibilidad a largo plazo, añadieron.

Sistema de las susbastas

Así, en estos procedimientos de concurrencia competitiva el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía.

En las subastas se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria, destaca el documento que aprobará el Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno prohibirá a las eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas destinar los recursos obtenidos a través de esta actividad a financiar sus negocios liberalizados.

Según consta en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que previsiblemente será aprobado este martes por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, empresas transportistas de electricidad y gas (como REE, Enagás o las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa o Naturgy- y gasistas -Redexis, Nortegas o Madrileña Red de Gas-, entre otras) no podrán otorgar préstamos, prestar garantías o avalar préstamos de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector.

De esta prohibición, en la disposición final tercera del texto, se excluyen los préstamos a sociedades del mismo grupo que tengan por objeto una gestión centralizada de la tesorería, sin que se dediquen a actividades liberalizadas u otras actividades ajenas a los sectores de electricidad y gas.

El texto también reconoce la obligación de que las sociedades deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía las adquisiciones realizadas directamente o mediante sociedades que controlen de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que, atendiendo a su valor o a otras circunstancias, "tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad".

Igualmente, deberán comunicar las adquisiciones que realicen las sociedades matrices de los grupos de sociedades designadas como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural, "así como cualesquiera otras sociedades que formen parte de dichos grupos".