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CORONAVIRUS

Después de los ERTE, ¿concursos de acreedores?

Despachos de abogados y economistas prevén una ola de insolvencias en los próximos meses ante la caída de ingresos que sufre la mayoría de empresas por la crisis del coronavirus

El edificio que alberga los juzgados de lo Mercantil de Alicante información

A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para aligerar las cargas de las empresas y mejorar su liquidez, la dureza de la crisis económica que se avecina, con una caída del PIB que el Gobierno sitúa en el 9% y que el Banco de España eleva hasta el 13%, provocará en los próximos meses una ola de concursos y preconcursos de acreedores ante la falta de ingresos que sufrirán muchos negocios. Al menos así lo prevén los bufetes de abogados y asesorías de la provincia, que aseguran que muchas compañías ya están analizando esta posibilidad, a pesar de los cambios legales introducidos en la normativa, que permite a los empresarios postergar hasta final de año la petición formal de concurso -aunque hayan entrado en situación de insolvencia-, sin incurrir en responsabilidades.

Una decisión que pretende dar tiempo a las empresas para buscar acuerdos de refinanciación con sus acreedores, pero que, a juicio de los expertos, no será suficiente para muchas firmas. «Hay empresas que ya tenían una situación delicada y para las que esta crisis ha sido la gota que colma el vaso, pero, en términos generales, hablamos de una situación de caída de la demanda que va a provocar que casi todo el mundo lo pase mal», señala el socio director de Sánchez Butrón Abogados, Cayetano Sánchez Butrón. El abogado apunta que ya se han empezado a recibir consultas y a realizar diagnósticos de situación para estudiar las distintas alternativas. «Por el momento, las empresas están a la expectativa de ver cómo se produce el regreso a la normalidad. En función de eso, en las próximas semanas, a finales de mes o principios del próximo, podríamos ver las primeras solicitudes», apunta.

El ICO, una solución temporal

Al respecto, Sánchez Butrón señala que los créditos del ICO pueden suponer un alivio temporal para algunos negocios, «pero, si no facturas, el dinero se agota». Eso sí, Sánchez Butrón cree que, a diferencia de lo que suele ser habitual, en esta ocasión «se van a ver muchos concursos de continuidad», en los que las compañía lo que buscan es reducir su deuda para garantizar la viabilidad. Así, si habitualmente menos del 10% de las empresas que suspenden pagos logra superar esta situación, en la coyuntura actual el abogado considera que podrían ser la mitad las firmas que apostaran por seguir.

También el socio director de Galsán Consultores, Pedro Algarra, pronostica una ola de concursos de acreedores en la provincia, aunque cree que será después del verano cuando se note con mayor intensidad. Sin embargo, tanto él como el responsable del área en el bufete, Francisco Nieto, creen que las empresas deben dejar de lado los prejuicios sobre esta figura, y aprovechar sobre todo las ventajas que tiene la solicitud del preconcurso para poner en orden sus cuentas. «Si pides el preconcurso, frenas los embargos y puedes renegociar con la banca y otros acreedores. Y ni siquiera tienes el estigma del concurso porque no se publica en el BOE y nadie se entera», explica Pedro Algarra.

Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas, Francisco Menargues, también augura un «aumento considerable de las peticiones de concurso» en los próximos meses, una figura que, a su juicio, puede ser «útil» para facilitar la supervivencia de las empresas, «siempre que no se espere demasiado para solicitarla que, por desgracia, es lo que suele ocurrir por el rechazo que ocasiona en los propietarios». En este sentido, Menargues señala que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) pueden ser una trampa para muchos negocios, por la exigencia de mantener el empleo durante seis meses. Aunque el Gobierno ha suavizado este requerimiento, el presidente de los economistas considera que ha sido un error que el decreto por el que se prorrogan estos ERTE por fuerza mayor se obligue a los empresarios a pagar una parte de la cotizaciones de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos, lo que supone elevar los gastos de los empresarios.

En cualquier caso, Menargues también recuerda que las empresas que recurren al concurso de acreedores al final son una minoría «y que la mayoría acaba cerrando sin más, bajando la persiana, de una forma desordenada».

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