Apenas tres cifras sobre la evolución del paro en el mes de abril son suficientes para darse cuenta del grave impacto que la crisis del coronavirus está generando en el mercado laboral alicantino y nacional. Y la que tendrá en el futuro más próximo, como advierte la propia patronal autonómica CEV, presidida por Salvador Navarro. Alicante registró en abril una inusitada subida del desempleo, por ser histórica e inhabitual en un mes como éste. Sumó 15.282 parados más con respecto a marzo y vio cómo se destruyeron 30.000 puestos de trabajo, a tenor del balance de afiliaciones a la Seguridad Social.
Dos cifras que, aun siendo muy abultadas, no llegan a reflejar el efecto tan negativo en el empleo de la crisis del coronavirus, dado que en estas dos estadísticas no se computan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que han recurrido las empresas por el parón de la actividad económica, en la mayoría de los casos obligadas por el cierre decretado por el estado de alarma, salvo para los servicios esenciales, o a causa de una reducción importante de la facturación. Y estos ERTE afectaron el pasado mes a 132.883 trabajadores de la provincia que han visto suspendido temporalmente su empleo, aunque siguen generando cotizaciones al sistema.
Efecto de contención de los ERTE
De no ser por esta diferenciación y por las medidas paliativas del Gobierno para ayudar a empresarios, trabajadores y familias más vulnerables, los datos del desempleo de abril podrían haber llegado a ser más demoledores. «Los ERTE han sido un elemento amortiguador para que estas cifras no hayan sido peores», reconoce Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina. Mientras, la CEV tacha los datos como «pésimos», ya que, al no incorporar a las personas afectadas por ERTE, «todavía no reflejan la repercusión real de la crisis sanitaria sobre la economía, las empresas y las familias». Por ello, tanto los empresarios como los sindicatos CC OO y UGT piden al Gobierno una prórroga o flexibilidad de los expedientes de fuerza mayor.
Entre las tres cifras importantes que ha dejado el balance mensual de la evolución del mercado laboral alicantino destaca el aumento de los 15.282 nuevos desempleados. Un dato histórico al no existir un registro igual en la serie, al menos, desde 1993. Ya en el mes de marzo, el desempleo se desbocó, con 14.513 desocupados más. Pero es que incluso la cifra de abril es superior a la más alta de la crisis anterior. En enero de 2009 se cuantificaron 10.642 nuevos parados. Con los datos de abril, Alicante cuenta con 180.122 personas sin trabajo.
Cifras para la historia, porque, habitualmente, abril es un mes en el que el paro se reduce por la demanda estacional de mano de obra en el sector servicios y, especialmente, en los negocios turísticos, motor principal de la economía alicantina. Sin embargo, este año la hostelería, los hoteles y el comercio, salvo los servicios básicos, han sufrido un cierre forzoso por la emergencia sanitaria. Según datos de CC OO, «la media de la reducción del paro en los últimos cinco años en este periodo es de 3.376 personas menos inscritas en las listas del Labora (antiguo Servef) en la provincia», subrayó José María Ruiz Olmos, responsable de Empleo de CC OO en l'Alacantí-Les Marines.
De hecho, los servicios, con 10.486 desocupados más, acapararon el 68,6% del incremento total del desempleo provincial. No obstante, todos los sectores ofrecieron registros al alza. En paralelo, la contratación sufrió un desplome. Los empresarios provinciales, a pesar de la actual situación, aún contrataron a 20.044 personas. Pero, sin embargo, la cifra supone 18.400 menos que en marzo y un descenso de 36.126 en la comparativa con el año anterior. Y como el efecto caída de las fichas de dominó, los registros de la Seguridad Social también cerraron el pasado mes descensos. Ahora el sistema cuenta con 618.571 cotizantes en Alicante, que no sólo suponen 30.072 menos que en marzo, sino un importante descenso en 42.746 inscritos respecto a un año antes.
Para superar la crisis, los sindicatos piden aumentar la protección social y un cambio en el modelo productivo y los empresarios, «mayor flexibilidad en el ámbito laboral, menos burocracia, y que la colaboración público-privada gane protagonismo», según Perfecto Palacio, presidente de la CEV en Alicante.
