Bastaron dos semanas para que las consecuencias derivadas del Covid-19 convirtieran el primer trimestre del año en el peor de los últimos ochos ejercicios, desde el punto de vista laboral. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos ayer, entre los meses de enero y marzo la provincia destruyó 26.800 puestos de trabajo, en lo que supone el mayor batacazo para el empleo en la zona desde el inicio de 2012.
Una cifra que, además, sitúa a Alicante como la tercera demarcación con mayor caída de la ocupación, solo por detrás de Baleares, donde se evaporaron 66.900 puestos de trabajo; y de Madrid, que perdió 27.500, aunque en este caso hay que recordar que el volumen de población total de la capital española es muy superior. Unos datos negativos sin ningún tipo de paliativos, como reconocieron desde los sindicatos hasta la patronal autonómica CEV, pasando por el propio Consell, y eso a pesar de que no recogen con toda su intensidad los efectos de la pandemia.
Por un lado, porque, como explicaron desde el Instituto Nacional de Estadística, la EPA no refleja a los afectados por los ERTE, que siguen contando como ocupados en la encuesta; y, por otro, porque se trata de una media de todo el periodo, en el que solo las dos últimas semanas de las 13 que abarca se vieron afectadas por las medidas de confinamiento que han paralizado la actividad económica en el país.
En cualquier caso, los datos no dejan de ser igualmente rotundos. La cifra total de ocupados cayó de los 787.600 con que cerró el pasado año, a 760.800. Una caída que suele ser habitual en el inicio del año -con el turismo en temporada baja y el final de la campaña de Navidad-, pero que en esta ocasion ha sido especialmente intensa y prácticamente ha triplicado la media de los últimos cinco años. De hecho, hay que remontarse al primer trimestre de 2012, en lo peor de la anterior crisis, para encontrar un descenso mayor. Entonces fueron 36.500 los empleos que se perdieron.
Por sectores
Como era de esperar, la caída se concentró especialmente en los servicios, donde el número de personas con trabajo descendió de 593.000 a 566.300, aunque también bajó en la agricultura, donde los ocupados pasan de 27.400 en el cuarto trimestre de 2019 a 18.300 en el primero de 2020. Por su parte, subió la ocupación, al menos hasta que empezó la pandemia, en la industria (de 118.400 a 123.500 ocupados) y en la construcción, de 48.900 a 52.600. Esta distinta evolución por actividades se tradujo en que el golpe fue mayor para las mujeres -mayoría en sectores como el comercio, entre los más afectados por el Covid-19-, que acapararon el 73% de todo el empleo destruido.
Paradójicamente, a pesar de la destrucción de puestos de trabajo, la EPA también refleja una fuerte caída del paro, desde los 146.500 desocupados de finales de 2019 a 134.400 en los primeros tres meses de 2020 -una diferencia de 12.100 personas-, lo que rebaja la tasa de desempleo al 15,01% en la provincia, aún así algo por encima de la media nacional, del 14,4%. Sin embargo, el propio INE aclaró que la evolución del paro se ve afectada por la metodología que utiliza, que solo clasifica como parados a los que realizan una búsqueda activa de empleo -algo que resulta ahora muy complejo al estar cerradas muchas empresas- y están en disposición de incorporarse a un nuevo puesto de forma inmediata, lo que también es más difícil cuando muchos trabajadores se ven obligados a cuidar de sus familiares e hijos. El resultado es que muchos parados han sido clasificados como inactivos, un colectivo que ha pasado de 642.800 a 687.300 personas en este periodo.
Para el secretario de Empleo de CC OO en l'Alacantí i les Marines, José María Ruiz Olmos, los datos de la EPA supone «una radiografía que nos muestra los defectos crónicos del mercado de trabajo alicantino: sobrepeso del sector servicios, estacionalidad, temporalidad y abuso de la precariedad en las mujeres». Unas características que, a su juicio, han hecho a la provincia más sensible ante la crisis sobrevenida por la pandemia del coronavirus, como también apuntó el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. «El predominio de actividades volátiles, principalmente de servicios y turismo, nos hace vulnerables y cuando las cosas van mal, sufrimos más que el resto», señaló el responsable autonómico, que abogó por profundizar en las políticas para propiciar un cambio de modelo económico.
Por su parte, Yolanda Díaz, desde UGT, reclamó la puesta en marcha de una Renta Mínima extraordinaria para evitar situaciones de pobreza hasta que se apruebe la definitiva. Por último, el secretario general de CEV, Miguel Ángel Javaloyes, señaló que la actual situación requiere «esfuerzos extraordinarios» e instó a tomar las medidas necesarias para evitar la destrucción del tejido productivo.
