Los principales temores de los sectores provinciales sobre el efecto en la economía y en el empleo de la crisis del coronavirus han comenzado a evidenciarse con los primeros balances estadísticos de marzo. Y no son sólo los referidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sino, también, a los del número de empresas que han decidido echar la persiana en el último año, especialmente, entre febrero y marzo de 2020, en plena emergencia sanitaria, ante la incertidumbre de cuándo y cómo volverán a la plena actividad.
La provincia cerró el pasado mes con 55.534 empresas con trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social. Son 5.045 menos que en el mismo periodo de 2019. Pero es que la pérdida de compañías activas se ha concentrado entre febrero y marzo de 2020, en plena emergencia sanitaria, al pasar de las 59.699 operativas en el segundo mes del año a las 55.534 del tercero. Es decir, 4.165 menos y que representan más de 80% de la desaparición de compañías producida en el último mes, según la comparativa de las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo.
Una caída del número de mercantiles que no está relacionada con las que han presentado ERTE ni con las que se hayan podido acoger a medidas excepcionales del Gobierno. «Son empresas que ya venían sufriendo la inercia de la desaceleración y el cambio radical propiciado por el estado de alarma para frenar la crisis del coronavirus, ha precipitado su caída. Aunque, igualmente, en el cómputo anual ha influido el impacto que tuvo la DANA en las empresas de la Vega Baja», apuntó Perfecto Palacio, presidente de la patronal autonómica CEV en Alicante.
Fundamentalmente, son compañías de pequeño tamaño con pocos trabajadores que aún arrastraban efectos de la anterior recesión y ante las consecuencias que preveían traería la actual crisis han optado por cerrar por falta de liquidez y de la demanda, según apostilló Francisco Rovira, secretario general de la patronal provincial del pequeño comercio (Facpyme). Este tipo de empresas o microempresas son, en realidad, las más vulnerables del tejido productivo. Y por el deterioro de su tesorería tienen más difícil poder acogerse a los ERTE o las medidas para mejorar su liquidez, como las líneas de avales para la financiación abiertas por el Ejecutivo.
Destrucción de empleo
Y con su pérdida también se destruye empleo. Si hace un año, las 60.579 empresas inscritas a la Seguridad Social en la provincia daban trabajo a 480.332 personas, en marzo de este año, el número bajó hasta las 55.534 compañías y a los 439.768 trabajadores, es decir, 5.045 negocios y 40.564 empleos menos con relación a un año antes.
La mayoría de los cierres se han producido en el sector servicios, donde se enmarcan muchos negocios vinculados al turismo, como bares, restaurantes o comercios, pero también empresas que dan servicio a personas u a otras compañías. Ni las patronales sectoriales del comercio y la hostelería se extrañaron ayer del cierre de establecimientos en el último mes, al margen de los obligados a parar su actividad durante el estado de alarma.
«Desde que se inició esta crisis ha habido empresas que han decidido no volver a abrir, sobre todo, porque la gente no tiene claro cuándo podrá volver a subir la persiana. Hay hosteleros que están en régimen de alquiler y tienen que afrontar gastos sin percibir ingresos», explicó Mar Valera, presidenta de los hosteleros alicantinos. «Con la incertidumbre actual, si no tienen previsiones a corto plazo de abrir y tampoco muchas posibilidades económicas, es difícil que puedan recuperar la actividad, por lo que han decidido cerrar» añadió Francisco Rovira.
Final de contratos temporales
Asimismo, entre las pymes que han optado por echar la persiana se encontrarían aquellas que al bajar bruscamente la demanda no han renovado los contratos eventuales que finalizaban o en las que se habían acabado los contratos por obra o servicio», informó la presidenta del Colegio Provincial de Graduados Sociales, María Antonia Oliva, quien, no obstante, añadió que, «probablemente, si se reactiva la demanda, volverán a contratar».
En realidad, en todos los sectores productivos de la provincia ha habido cierres, salvo en el sector agrícola, que registra 2.023 empresas y ha ganado 79 nuevas entre febrero y marzo, precisamente, porque la actividad en el campo se ha revitalizado durante la emergencia sanitaria para abastecer a los mercados y supermercados.
La industria, con 5.577 mercantiles, ha perdido 518 en el último mes y en la construcción, con 5.668, han cerrado 777. Pero el sector servicios, con 45.215 empresas, 2.949 han dejado de estar operativas entre febrero y marzo.
Luis Rodríguez, secretario general de la patronal provincial del metal (Fempa), aseguró que los factores que han llevado a estas pymes al cierre «han podido ser los problemas de liquidez y de demanda. Harían sus cuentas y con esta situación, optaron por dejar la actividad».
El 67% de firmas familiares rebaja su actividad por la emergencia sanitaria
La mitad de las compañías de este tipo en España ha logrado reducir la caída del empleo por debajo de 20%
El 67% de las empresas familiares de Alicante ha visto reducida su actividad debido a la actual crisis económica generada por el Covid-19. Este dato se sitúa por debajo de la media nacional, que cifra la reducción de la actividad de estas compañías en un 86%, según un informe de la Asociación de Empresas Familiares de Alicante (Aefa).
Los datos aportados por esta asociación han formado parte del estudio sobre el impacto de la crisis en este tipo de firmas españolas, promovido por el Instituto de Empresa Familiar y en el que ha colaborado el Banco de España.
En la provincia, el 34% de las empresas encuestadas ha apuntado que su actividad se ha reducido en más de un 60% y un 33% se ha visto obligada a tener que detener, incluso, su actividad. En el plano nacional, el 42% de las firmas familiares ha registrado caídas superiores al 60% o han parado su actividad. Y en relación con los beneficios que esperan registrar las entidades españolas, un tercio de ellas cree que disminuirán por encima del 80%. Consideran que el impacto de la crisis viene motivado por la fuerte disminución de la demanda y la paralización de la actividad como consecuencia del estado de alarma.
No obstante, a nivel nacional, casi la mitad de las empresas familiares ha conseguido reducir la caída del empleo por debajo del 20%. Asimismo, la mayoría de las firmas cree que las medidas adoptadas por el Gobierno son «insuficientes».
La presidenta de AEFA, Maite Antón, ha destacado «el esfuerzo de las empresas familiares en sostener el mayor número de empleos en momentos de crisis» y ha incidido en la necesidad de mantener «el mayor número de empresas activas para evitar la pérdida de empleo y un agravamiento en la crisis que sufrimos».
