El Ministerio de Movilidad y Vivienda (antes Fomento) ha aprobado que los alquileres que expiren hasta dos meses después de finalizada la alerta sanitaria por el Covid-19 se prorrogarán automáticamente durante seis meses. Además, los propietarios que tengan dificultades para pagar la renta podrán acogerse a una línea de créditos blandos del ICO avalados por el Gobierno. Las cuantías serán de entre doscientos y seiscientos euros al mes. En la provincia, según el INE, el 16% de las viviendas son de alquiler (150.000). El precio medio de la renta ha subido un 30% desde 2014, según el Banco de España, y un 15% de la población vive de forma permanente en pisos alquilados, unas 275.000 personas.

Otras medidas aprobadas son la paralización de los desahucios de las personas o familias afectadas sin alternativa habitacional. Cuando el arrendador sea un pequeño propietario, el periodo de esa suspensión la decidirá un juez previo informe de los Servicios Sociales.

Las familias en situación de vulnerabilidad que sean arrendatarias de inmuebles propiedad de grandes tenedores de vivienda (más de diez inmuebles) como los bancos, y de administraciones públicas, deberán llegar a una solución de mutuo acuerdo para una reducción de la mensualidad o aplazamiento del pago.

En cuanto a línea de avales, ésta contempla las dos variables más importantes: que los inquilinos tengan que cambiar de vivienda o se vean en riesgo de desahucio y los pequeños propietarios cuyos inquilinos no puedan afrontar el pago. Los afectados podrán beneficiarse de préstamos bancarios del ICO, avalados por el Estado, para pagar el alquiler.