La recuperación económica ha permitido que la situación financiera de la mayoría de las empresas haya mejorado notablemente en los últimos años, tras la debable que provocó en la mayoría de los balances la crisis de 2008. Sin embargo, antes de la llegada del Covid-19 ya existía un porcentaje minoritario, pero significativo de negocios que presentaba una salud financiera "débil".
En concreto, hasta el 13,6% de las compañías de la Comunidad Valenciana y el 14,6% del conjunto del país anotaban ya una grado de endeudamiento superior a la media y una rentabilidad negativa, según el estudio que ha elaborado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas para conocer la capacidad de resistencia del tejido productivo frente a las consecuencias del shock provocado por el coronavirus.
Unas empresas que, como recuerdan los autores del estudio, Joaquín Maudos y Consuelo Mínguez, lo tendrán más difícil para acceder a las líneas de liquidez que ha puesto en marcha el Gobierno, ya que las entidades "van a ser reticentes" a ofrecerles financiación. Unos créditos que, por otra parte, los propios investigadores instan a que se concentren en las compañías "sólidas", para evitar "apuntalar de forma artificial empresas zombi".
Rotura de la cadena
En este sentido, el documento recuerda que el desplome de la demanda a la que se en-frentan muchas empresas como consecuencia de los problemas que afectan a las cadenas de suministros globales y de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, se traduce en una caída de ingresos, con el consiguiente problema de liquidez.
Una falta de efectivo que, como señalan, si se prolonga en el tiempo, puede "transformarse en problemas de solvencia, más pronto y más graves si la capacidad de resistencia de las empresas es limitada". Por eso, recalcan, es esencial conocer el punto de partida.
Para determinar qué empresas son débiles, los investigadores han tenido en cuenta que la compañía en cuestión se encuentre entre el 50% más endeudado, y que el cociente entre el margen de explotación y los gastos financieros sea menor a 1, es decir, que su rentabilidad sea negativa.
El resultado es que hasta el 13,6% de las firmas de la autonomía se encuentra en esta situación, aunque con diferencias. Mientras que entre las grandes empresas el porcentaje se reduce al 7%, entre las microempresas se eleva hasta el 15,5%.
Una empresas que, como indica el Ivie, son las responsables del 6,3% del empleo de la autonomía, que, por tanto, estaría en riesgo, y del 8,5% a nivel nacional.
