El Gobierno aprobó ayer un nuevo paquete de medidas sociolaborales que concretan o amplían algunos aspectos del anterior el plan de choque económico del Gobierno derivado del decreto del estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus. Una en las medidas en las que más hincapié hizo ayer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, fue en la de la prohibición de los despidos provocados por el coronavirus. «No se puede aprovechar el Covid-19 para despedir», aseguró de forma clara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Díaz incidió en que esta medida no tiene carácter retroactivo, sino que será efectiva desde ayer y durará mientras esté vigente la actual emergencia sanitaria. Así, el Ejecutivo veta los despidos por causa de fuerza mayor, por motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción que expongan como causa la crisis del coronavirus. «No se puede despedir, porque para ello el Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo excepcional, con muchos recursos públicos, como el de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)», sostuvo.

«Modelo simplificado»

También con relación a estos ajustes laborales, la ministra anunció que el Consejo de Ministros aprobó la simplificación de su tramitación en lo que se refiere a la agilización para acceder a las prestaciones por desempleo. Yolanda Díaz explicó que se ha creado un «modelo simplificado» para que las empresas lo envíen a los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) de cara a que los afectados por el ERTE «puedan cobrar pronto su prestación».

Este formulario reduce los datos exigidos en el anterior decreto. «Ahora la compañía solo tendrá que incluir el DNI del trabajador, la cuenta bancaria y su base reguladora». La ministra reconoció que los Servicios Públicos de Empleo estaban «desbordados» por la avalancha de ERTE presentados. Pero señaló que se había reforzado el organismo de empleo con mil nuevas contrataciones.

Oleada de ajustes

La oleada de expedientes se está registrando en toda España. También en la provincia, donde los últimos datos facilitados por la Conselleria de Economía reflejan que se han registrado ya 9.345 ajustes temporales que afectan a 46.819 trabajadores en estas dos semanas de estado de alarma. Pese a esta situación, que podría hacer prever un retraso en las tramitaciones, la ministra rechazó que se vaya a producir una ralentización y aseguró con rotundidad que «las prestaciones se cobrarán con prontitud». Además, recordó que en esta situación excepcional también tienen derecho a la prestación los trabajadores afectados por un ERTE que no hayan cotizado lo suficiente. «Su contador se podrá a cero», subrayó. Otra de las novedades sobre los despidos temporales es que pueden acogerse a la medida los socios de cooperativas que cumplan los requisitos del decreto.

Por otra parte, la ministra advirtió de que todos los expedientes presentados «se van a revisar de oficio». Y, en el caso en que se detecte algún tipo de fraude, «las empresas afectadas deberán devolver el dinero, incluso, el de las prestaciones de los trabajadores».

«Ejemplaridad»

Yolanda Díaz incidió en que en los ERTE por fuerza mayor por la actual crisis sanitaria se exonera a la empresa del pago de las cotizaciones sociales durante el tiempo que dure esta situación. Además, advirtió de que «no se puede extender la duración al Covid-19» y pidió «ejemplaridad» a los empresarios en la actual crisis. El paquete de medidas aprobado ayer por el Consejo de Ministros también contempla que los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, se mantengan vigentes hasta que concluya la crisis sanitaria. «Cuando estos se suspendan, se alargará la duración de los mismos. Esto es un paréntesis para todos», destacó la ministra.