En un momento de crisis económica acelerada, con el país paralizado y decenas de miles de personas llenando cada día las listas del paro, las entidades financieras están sufriendo la contracción natural del negocio y van a tener que hacer frente a medidas extraordinarias como moratorias en hipotecas o en créditos para ayudar a su clientela a superar esta situación sin precedentes. Toca por tanto reforzar la solvencia de los bancos y nutrirlos en la medida de lo posible de capital. En consecuencia, el reparto de dividendos a sus accionistas procedente de los beneficios ha empezado a sufrir recortes. Si el jueves CaixaBank redujo a la mitad la distribución de ganancias de 2019, ayer fue Bankia la que siguió un camino similar.

El presidente de la entidad con sede social en València, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró que en las circunstancias actuales se impone la política de «máxima prudencia» en cuanto a los dividendos y anunció que el consejo ha decidido renunciar este año a cualquier distribución de carácter extraordinario. En este sentido, indicó que la entidad va a revisar el objetivo de repartir 2.500 millones entre los accionistas que recogía el plan estratégico 2018-2020. Goirigolzarri agregó que, dado «que nosotros no tenemos una política de reparto de dividendos a cuenta, contamos con todo el año para analizar el impacto real de esta crisis antes de definir la retribución final del ejercicio».

Goirigolzarri realizó este anuncio en el transcurso de una junta anual de accionistas que se celebró por medios telemáticos. Por primera vez en ocho años, el encuentro no tuvo lugar en València, sino que el presidente de Bankia intervino desde el salón de actos de la sede operativa de Madrid junto al consejero delegado, José Sevilla, y el secretario del consejo, Miguel Crespo. La entidad financiera está participada mayoritariamente por el Estado, con más del 60% del capital.

El banquero anunció que Bankia, entidad cofundada por Bancaja, va a ofrecer en los próximos días moratorias de capital de seis meses en los créditos al consumo de particulares y autónomos afectados por la crisis y también alargará durante medio año la moratoria en las hipotecas de sus clientes que cumplan los requisitos contemplados en el Real Decreto del Gobierno, que estableció inicialmente el retraso en los pagos en un mes.