Alquiler, proveedores, cuotas, suministros. Éstos son algunos de los principales costes que asume un autónomo con empleados o un pequeño empresario, entre los que se encuentran pequeños comerciantes y hosteleros, que en su amplia mayoría se vieron obligados a bajar la persiana hace diez días tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus en España.
El Gobierno presentó hace una semana un plan para evitar la quiebra de la economía española, calmando la ansiedad acumulada durante todo el fin de semana. Pero solo duró unas horas. La lectura del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 les devolvió a la agitación y la incertidumbre. «Cuando escuchas el mensaje de Sánchez tienes cierta esperanza, pero cuando lo lees, que es lo que vale, te das cuenta del autónomo y el pequeño somos los olvidados también en esta crisis», se lamenta Juan José Camarasa, secretario de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Comarca. Una ronda de llamadas a representantes de hosteleros y comerciantes confirma que la sensación es general: las medidas urgentes para paliar la crisis del coronavirus no son ninguna panacea contra los problemas que afrontarán autónomos y pymes en cuestión de días. Una semana después, el Gobierno aprobó ayer el primer tramo de avales públicos por 20.000 millones de euros para garantizar que las entidades financieras otorguen la liquidez necesaria a empresas y a autónomos que se hayan visto afectados por el impacto de la crisis ocasionada por la expansión del coronavirus.
Los afectados llevan días centrados en el mayor de sus costes: los sueldos. Ahí, el Gobierno ha apostado por la fórmula del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Las empresas que se acojan a ella tienen garantizado que sus trabajadores cobrarán el paro sin agotar su prestación y hasta que se reanude la actividad, sin que en esta ocasión deban abonar los seguros sociales.
Al margen de los salarios, la inmensa mayoría de restauradores, hosteleros y comerciantes no son propietarios del local donde desarrollan su actividad. El Consejo de Ministros ha decidido socorrer a los hipotecados con una moratoria del pago mensual de la letra siempre que se hayan visto afectados por la crisis del Covid-19, pero los inquilinos no cuentan con ninguna protección aunque estén pasando por los mismos problemas.
Cadena de solidaridad
Su único blindaje para no ser aplastados por el pago de las mensualidades mientras no tienen ingresos son las buenas palabras del presidente del Gobierno, quien en su alocución de hace unas semana apeló a la «cadena de solidaridad entre propietarios e inquilinos». «Lo que no se puede hacer es dejar a la gente dependiendo de la buena voluntad del propietario. Hay quien te puede perdonar la deuda y hay a quien le da igual por lo que estés pasando y te va a pedir que le pagues el mes», critica Javier Castillo, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Benidorm y Comarca. Un 80% de los locales de la ciudad en su sector, según estima, están de alquiler. Es, según los cálculos de los representantes sectoriales, representativo del escenario en el resto de la provincia. «La pregunta que más me están haciendo es qué va a pasar con las rentas del alquiler. Es la principal consulta desde la semana pasada, porque estamos hablando de un gasto medio de 1.500 euros al mes. Nos pueden exonerar de la cota de autónomos, pero eso al final son 300 euros», sostiene el secretario de Facpyme, Francisco Rovira.
Los clientes de la alicantina Estañ Ruiz Asesores, tan inquietos como los demás conforme se acerca el día 1 y no aparecen nuevas ayudas, están recibiendo una recomendación para forzar una negociación con sus propietarios. «Hay una cláusula no escrita en los contratos llamada rebus sic stantibus por la que, cuando viene una causa sobrevenida que rompe la igualdad en el contrato, puede romperse», afirma el socio de la asesoría. Es el blindaje que tienen, a su juicio, los inquilinos frente a un arrendador inflexible, ya que comprobar la validez que pueda otorgar un juez a esta invocación jurídica ancestral tendrá un coste económico y temporal demasiado grande para el demandante. «Es la manera de decirle tenemos que sentarnos usted y yo a hablar», aclara Estañ. La solución que le viene a la mente a Rovira son ayudas para pagar este gasto. Entonces recuerda a un grupo que tiene una importante deuda con todos los españoles: «Las entidades financieras que han sido rescatadas deben arbitrar medidas a coste cero, como créditos blandos».
La situación derivada del pago de los alquileres, pese a la obligación de mantener la persiana bajada por las medidas derivadas del estado de alarma, también produce inquietud entre los comerciantes de Elche. Tanto desde el colectivo del centro como en los barrios miran con preocupación como pasan los días con los establecimientos cerrados y sin facturar. En la zona centro ilicitana los precios medios rondan los 1.500 euros de alquiler, mientras que en los barrios los comerciantes y hosteleros pagan unos 800 euros de media.
Peticiones locales: menos impuestos, fondo social y fuerte promoción turística
Los pequeños comerciantes y los hosteleros, dos de los sectores más perjudicados económicamente por el cierre de todos los locales que no vendan productos de primera necesidad desde hace diez días, también buscan la ayuda de las administraciones más cercanas, de los ayuntamientos. En este caso, desde Alicante, tanto comerciantes como hosteleros reclaman fondos de ayudas para hacer frente a los pagos que se acumulan mientras tienen obligación de cierre. Pero no sólo eso, desde la asociación de locales de ocio reclaman también ayudas con el IBI, además de «gestos» en otro tipo de recibos, como el relativo al agua, la luz o la basura. Esperan, por otro lado, que no se facturen las tasas de veladores, ya que no se están instalando. Desde el comercio del centro piden que el Ayuntamiento impulse una potente campaña turística en cuanto la situación se normalice para recuperar al visitante perdido por el coronavirus.
Desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) también piden al Ayuntamiento medidas relevantes para el sector turístico como la exención de la tasa de terrazas del primer trimestre, la bonificación del IAE, la reducción de tasas de recogida de basura y agua, la supresión del canon de Establecimiento de Interés Comunitario y la bajada del IBI. Algunas de estas iniciativas ya las han aplicado municipios como València.
